Florencia Vely, abogada y Magíster en Antropología Social, autora del libro “El proceso judicial contra el terrorismo de Estado en la provincia de Misiones”, se refirió en una entrevista con el licenciado Ariel Sayas en Radio News Misiones a las intenciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel de reabrir causas judiciales contra civiles que militaban políticamente durante la Dictadura Militar.
La profesional del Derecho quien es también Magíster en Antropolotía Social, hizo notar la diferencia legal fundamental entre los delitos de Lesa Humanidad y otros crímenes. «Había escuchado el otro día en el acto en el Senado, donde justamente (Victoria Villarruel) anunciaba que iba a reabrir las causas, que iba a abrir las causas en realidad, porque contra los supuestos actos de terrorismo cometidos por los Montoneros. Yo creo que eso no es factible», afirmó.
La abogada explicó que los crímenes atribuidos a los civiles durante la dictadura no pueden ser equiparados a los delitos de Lesa Humanidad. «La particularidad justamente de los delitos de Lesa Humanidad fue que al haber sido declarada por la Convención de Roma la imprescriptibilidad de esos delitos se pudieron juzgar pasados ya 30 o 40 años y se pueden seguir juzgando, cosa que no pasó con los otros supuestos porque no es lo mismo un acto de terrorismo que un terrorismo a Estado», agregó.
Destacó que, aunque jurídicamente podría haber cambios que habilitaran lo que Villarruel pretende, actualmente la legislación no permite reabrir esas causas. «Si lograran que se declarara la imprescriptibilidad de estos delitos, en ese caso sí, pero hoy día como está la legislación eso no ha sido modificado», subrayó.
Desde su perspectiva, «tendría que haber una reforma legal porque son hechos que sucedieron, están prescriptas todas las acciones en su caso, como también que esa fue la defensa que utilizaron siempre los miembros de las Fuerzas Armadas».
Reflexionó sobre el contexto actual y las posibles reformas legales que podrían permitir reabrir las causas que Villarruel promueve. «Obviamente que las normas son cambiantes, podría producirse algún cambio que permita lo que la vicepresidenta pretende, pero tienen que haber reformas legales profundas nuevamente para lograr esto», concluyó. Sin embargo, advirtió que la lucha por la memoria colectiva seguirá siendo una disputa constante, con una gran parte de la sociedad aún dividida en torno a los hechos ocurridos durante la dictadura.
La discusión en torno a la memoria colectiva también fue un tema central en la entrevista. «Yo creo, y de eso yo hablo en mi libro, cómo es el proceso de construcción de la memoria, de la memoria colectiva que siempre es una disputa constante entre los actores por quién va imponiendo su memoria colectiva», indicó al referirse a la obra “El proceso judicial contra el terrorismo de Estado en la provincia de Misiones” (ediciones CEDEAD)
La jurista sostuvo que desde la década de los 70 hasta la actualidad, la visión sobre los hechos ha cambiado, pasando de considerar a los militantes como «delincuentes subversivos» a una interpretación más amplia y condenatoria de los actos de terrorismo de Estado.
«Después tuvimos en la época de Alfonsín esa teoría de los dos demonios que todos conocemos, las culpas compartidas, y después se llega a la convicción también, pero es una política de Estado por la cual se conceptualizó lo sucedido justamente como terrorismo de Estado y se decidió el juzgamiento», detalló.
¿Y EN MISIONES?
En cuanto a la situación en Misiones, Vely mencionó que se realizaron cuatro juicios por delitos de Lesa Humanidad, con un quinto en instrucción. Sin embargo, lamentó que los procesos hayan avanzado lentamente en la provincia. Explicó que son pocos “porque cuando se iniciaron los juicios, fue bastante rápido en todo el país el inicio. Pero los casos acá demoraron mucho en la instrucción», explicó.
Además, mencionó que la última causa se llevó a cabo con jueces de otras jurisdicciones debido a la repetición de imputados.
«En el primer juicio ya habías sido condenado Carlos Humberto Caggiano Tedesco. Pero este fue como el juicio por todo lo que sucedió en esa época y se tomó a los responsables que estaban vivos, porque para ese entonces Cristino Nicolaides había fallecido», explicó.
Hubo otro imputado, de apellido Ríos «que tenía una declaración como psiquiátrica, por la cual no podía ser sometido a proceso. Entonces, en ese juicio lo que se juzgó es justamente el actuar de esta Zona 232, que era la encargada en Misiones de llevar adelante toda la política de persecución, de aniquilamiento. Ellos les llamaban Plan de Reorganización Nacional y por eso dividieron en áreas y en subáreas todo el país».
Así, remarcó, respecto de las personas imputadas que «algunas de las cuales pudieron ser juzgadas y otras no, porque también ya eran personas grandes» ya que algunos tenían 70 u 80 años. «Por eso también en el medio de los procesos muchos fallecen y el pedido que ellos hacen de la prisión domiciliaria que se les da a los mayores de 70 años en general, incluso para delitos de Lesa Humanidad y no les otorgaron ese beneficio», recordó.
«No es una prohibición legal (otorgar la prisión domiciliaria), pero es como que tal era el reclamo de justicia que los jueces también se sienten de algún modo moralmente obligados a no darles esa prisión domiciliaria, cuando por ley podrían hacerlo», recordó.