El presidente Javier Milei firmó el veto a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por todos los gobernadores, luego de su aprobación en el Congreso. La medida marca un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y los líderes provinciales.
El veto se da en un contexto de alta tensión política para el Gobierno, con repercusiones tras el resultado en las elecciones bonaerenses y la interna dentro del oficialismo, así como las secuelas del escándalo por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La Primera Sala del Congreso había aprobado la ley consensuada por los 24 distritos, pero ahora el Ejecutivo decidió que no se implementará la distribución de los ATN. La medida generó cautela entre los gobernadores, especialmente aquellos que integran el bloque de Provincias Unidas, quienes habían pedido que no se vetara la normativa.
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) está previsto en la Ley de Coparticipación Federal para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales. Según la norma, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% queda en el Gobierno nacional, el 56,66% se distribuye automáticamente entre las provincias, y el 1% restante se reserva para los ATN.
Estos fondos se consideran transferencias no automáticas o “discrecionales”, porque el Ejecutivo nacional podía decidir cómo repartirlos, sin criterios ni prioridades previamente establecidos. La iniciativa aprobada por el Congreso buscaba modificar esta modalidad y establecer que los ATN se coparticipen de manera automática y diaria, como el resto de los fondos, integrando plenamente la masa coparticipable.
Según el último informe de la Jefatura de Gabinete, en lo que va de 2025 la Nación ya transfirió $84 mil millones a las provincias en concepto de ATN, casi un 70% más que lo transferido en todo 2024. Como en gestiones anteriores, estos recursos se giraron hasta ahora de forma discrecional, y la nueva ley buscaba cambiar esa lógica para garantizar previsibilidad y regularidad en la distribución.
En paralelo, el Gobierno evalúa cómo proceder con la ley de emergencia en Discapacidad, que ya fue ratificada. Entre las opciones están judicializar la normativa o reglamentarla de forma que su aplicación quede neutralizada, mientras se gestionan las repercusiones políticas de ambas decisiones.
En otro orden, Adorni anticipó que el ministro de Encomia ya tiene “listos los proyectos de reforma laboral e tributaria” y dio a entender que algunas de estas iniciativas podrían estar contenidas en el marco del proyecto de Presupuesto 2026 que será enviado este lunes al Parlamento.
“Para impulsar estas reformas se necesita tener un dialogo con los gobernadores”, explicó el funcionario y agregó que Caputo “tiene muy buena relación al menos con el 90% de los mandatarios”. Por esta razón, no resulta casual que Adorni haya destacado la importancia de contar en la Mesa Federal con la presencia del ministro de Economía. Rescató que, de los cambios efectuados en el gobierno como resultado de la elección, a su juicio “Lo más importante fue la presencia de Toto (Caputo) en la reunión de la Mesa Federal”.