Un letrado de socios autoconvocados de la Cooperativa Cainguas LTDA, advirtió que las boletas de servicios básicos contienen cinco irregularidades en la electricidad y dos en el agua. Los sobreprecios provienen de la inclusión coactiva de rubros ajenos al consumo, como la cuota societaria, el servicio de sepelio y el alumbrado público, sin el consentimiento del usuario. La consecuencia de no pagar estos conceptos extraños es el corte de energía.
El abogado César Simón Balovier, letrado que interviene en el reclamo de socios autoconvocados de la Cooperativa Cainguás de Electricidad de Provisión y de Servicios Varios Limitada , denunció públicamente en Radio News https://news.appradio.ar/ un esquema de sobreprecios y prácticas «ilegales y abusivas» en la facturación de servicios de electricidad y agua,. Balovier intervino en la cuestión a partir de reclamos iniciados por «excesivos montos y ciertas abusos en los cortes del suministro». Según los análisis realizados, la introducción indebida de rubros no relacionados con el consumo energético puede elevar las boletas hasta en un 40% en los casos estudiados.
Los “conceptos extraños” que abultan las boletas
El abogado Balovier identificó cinco irregularidades en la facturación de electricidad y dos en la de agua, todas ellas elevando ilegalmente el monto de la boleta. Estas prácticas son consideradas “ilegales y abusivas” desde el punto de vista de la Ley de Defensa del Consumidor.
Entre los cinco puntos detectados figuran la incorporación coactiva de rubros que son «extraños» al consumo energético, ya que se incluyen sin el consentimiento del socio. Estos conceptos incluyen el cobro coactivo de la cuota societaria y el cobro coactivo del servicio de sepelio,. Balovier señaló que, según el estatuto de la cooperativa y la ley, para que un socio reciba en su factura de electricidad un concepto ajeno al consumo energético debe prestar su consentimiento previamente,.
«Actualmente la cooperativa sin unilateralmente sin el consentimiento del socio incluye ese concepto extraño dentro de la facturación que son 20.000 pesos, casi 20.000 pesos, que el socio tiene que pagar compulsivamente,» explicó Balovier. Lo más grave es que, si el socio no abona estos ítems, la cooperativa puede llegar a cortar el suministro eléctrico. El letrado remarcó la «injusticia de lo que está pasando», ya que un socio podría verse privado de la energía «por no haber pagado una factura que incluye en su mayor parte conceptos extraños a la energía eléctrica».
Otros rubros que contribuyen al sobreprecio son el cobro indebido del impuesto a los ingresos brutos, el cobro coactivo del capital accionario, el cobro indebido por la integración del rubro alumbrado público, y el cobro indebido por la capitalización de intereses moratorios e integración al precio del consumo eléctrico o agua potable.
El impacto económico y la ilegalidad impositiva
El letrado indicó que el porcentaje de sobreprecio en las facturas analizadas llega a «aproximadamente al 40% de la facturación». En términos monetarios, una boleta que asciende a $150.000, una vez quitados todos estos rubros extraños e ilegales, quedaría en aproximadamente $100.000 o $110.000.
Balovier enfatizó que el problema no es el precio de la energía en sí, sino un «sobreprecio que se produce por una una introducción ilegal de rubros o un cálculo, un cómputo ilegal».
Un factor clave en este cómputo ilegal es la inclusión del alumbrado público y los recargos por mora dentro del precio de la energía. El abogado detalló: «Esto está mal porque el alumbrado público y los recargos por mora no son consumos eléctricos». Al incluirlos como si lo fueran, se aumenta la base imponible de gravámenes como Ingresos Brutos e IVA, elevando ilegalmente el monto de la factura,. El letrado aclaró que el alumbrado público es una tasa municipal, no un consumo eléctrico.
La denuncia formal y los balances pendientes
Respecto a los pasos legales, Balovier informó que ya se notificó a la cooperativa de las irregularidades mediante carta documento. Además, los socios autoconvocados presentarán una «denuncia formal» y un petitorio ante la cooperativa.
El petitorio exige el suministro de información que hasta ahora no fue entregada por la cooperativa, a pesar de los requerimientos. Específicamente, se ha solicitado la presentación de balances y se hará un requerimiento específico para que presenten tres balances separados: uno por electricidad, otro por agua potable y uno exclusivo por el servicio de sepelio, ya que por mandato legal este último debe gozar de una «contabilidad separada del resto de los [servicios]».
Balovier concluyó que, si la facturación que realiza la cooperativa es ilegal por contener cobros indebidos, se genera una grave problemática sobre «todos los cortes de energía eléctrica que se ha realizado en función o en virtud de esas facturas ilegales».