La Dra. Jennifer Vargas advierte sobre el colapso del sistema: profesionales que renuncian por sueldos bajos y obras sociales que recortan sesiones de forma arbitraria. La falta de actualización del nomenclador nacional y provincial deja a miles de niños sin rehabilitación.
En una entrevista que expone la precariedad del sistema de salud, Jennifer Vargas, abogada, presidenta de una fundación Familias TEA Misiones y madre de dos niños con discapacidad, describió en Radio News https://news.appradio.ar/ un panorama desolador para las familias en Misiones. Según denunció, la brecha entre lo que pagan las obras sociales y el costo real de las terapias ha provocado una fuga masiva de prestadores, empujando a los padres a una encrucijada económica o a la vía judicial para garantizar el derecho a la salud de sus hijos.
El factor económico: un sistema que expulsa
Vargas aclaró que, a diferencia de años anteriores, hoy existen profesionales formados en la provincia, pero el problema es estrictamente financiero. «Las familias que menos tienen y las que son más vulnerables no pueden acceder a las prestaciones porque es un tema económico», sentenció.
Profesionales en fuga: sueldos por debajo de la subsistencia
El área de apoyo escolar es una de las más críticas. Vargas detalló que psicopedagogas y maestras especiales están abandonando el sector de la discapacidad para volcarse a la salud mental o consultorios particulares. El motivo es la baja remuneración: una maestra integradora cobra poco más de $300.000 por trabajar cuatro horas diarias en el aula, una cifra que no cubre pasajes ni aportes de monotributo.
«Trabajar con discapacidad es tolerar un trabajo excesivo por un sueldo extremadamente bajo», afirmó Vargas, subrayando que la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque fue ratificada, no se está aplicando para actualizar los honorarios de los prestadores.
Recortes arbitrarios y el camino a la justicia
La entrevista también puso el foco en el rol de las obras sociales y prepagas, que estarían imponiendo limitaciones arbitrarias en la cantidad de sesiones. Vargas denunció que las auditorías administrativas deciden autorizar solo 8 o 10 sesiones totales, ignorando el criterio del médico tratante.
Ante esta situación, las familias se encuentran desprotegidas. «Las únicas opciones son judicializar el tema con un amparo o reclamar en la Superintendencia de Servicios de Salud», explicó la letrada, aunque advirtió que los plazos de este último organismo son «excesivamente largos» y no responden con la urgencia que la rehabilitación de un niño requiere.
Para Vargas, la situación nunca fue tan compleja como en este momento. La combinación de ignorancia social sobre el financiamiento del sistema y la falta de voluntad política para aplicar aumentos razonables mantiene al sector en una emergencia permanente.