Soledad Varela analiza el impacto de la nueva reglamentación gubernamental que busca regularizar las deudas con prestadores y endurecer los controles sobre las pensiones por discapacidad. La especialista advierte sobre el agotamiento de las familias y el costo humano de las demoras administrativas.
En una entrevista con Radio News , Soledad Varela (Especialista en Dsicapacidad) brindó detalles sobre la reciente instrucción a los organismos del Estado para avanzar en la regularización de deudas impositivas de los prestadores de servicios de discapacidad. Según explicó, quienes soliciten compensaciones económicas en el marco de la emergencia deberán presentar declaraciones juradas de lo facturado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Sin embargo, más allá de lo administrativo, Varela puso el foco en la crítica situación humanitaria que atraviesa el sector.
Nuevos criterios para las pensiones
Uno de los puntos centrales de la normativa es el cambio en el otorgamiento de las pensiones no contributivas por invalidez. Varela señaló que ahora se evaluará de manera «más firme» la situación socioeconómica de los solicitantes. Asimismo, se anunció una revisión de todas las pensiones otorgadas antes de septiembre de 2025 para verificar el cumplimiento de los requisitos.
«Me parece que esto viene a ordenar un poco», opinó Varela, aunque condicionó el éxito de la medida a que la Secretaría Nacional de Discapacidad articule seriamente con organismos como el Consejo Federal de Discapacidad y el Observatorio de Discapacidad. Para ella, el objetivo debe ser que el derecho llegue a quienes realmente les corresponde, evaluando no solo la salud, sino las condiciones de vida y las oportunidades de cada individuo.
El costo de la demora estatal
Varela fue tajante al cuestionar el tiempo que el Gobierno tardó en poner en vigencia la ley de emergencia, asegurando que solo se hizo tras la intervención de un juzgado. «En el mientras tanto, esta espera se cobró un montón de vidas», sentenció la entrevistada, destacando que muchas personas perdieron calidad de vida, prestaciones y oportunidades fundamentales mientras el Estado demoraba su respuesta.
La especialista describió un panorama desolador para el entorno de los pacientes: «Familias que quedaron devastadas, teniendo que endeudarse para pagar un montón de cosas, porque la vida de una persona con discapacidad es muy costosa». Criticó que el debate se centre a menudo en números presupuestarios y no en vidas humanas, denunciando lo que percibe como un proceso de «hostigamiento al colectivo».
Sujetos de derecho, no de cuidado
Hacia el final de la entrevista, Varela remarcó que esta reglamentación llega en un momento de «mucho cansancio y agotamiento mental» para las familias. Exigió un cambio de paradigma para que las personas con discapacidad dejen de ser vistas meramente como objetos de asistencia.
«Que se pueda contemplar a la persona con discapacidad como actores activos, como sujetos de derechos y no de cuidados simplemente», reclamó. Finalmente, hizo un llamado a la empatía social, advirtiendo que la complejidad de convivir con una discapacidad las 24 horas del día es algo que muchas veces no se comprende hasta que «toca tu puerta».