El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó el impacto del proyecto oficialista frente a la ley vetada. Aseguran que la mayoría de los docentes cobra por debajo de la línea de pobreza y que la recomposición propuesta es «insuficiente».
La educación pública atraviesa uno de sus momentos más delicados. Tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y la posterior suspensión de su aplicación mediante el Decreto 759/2025, el conflicto se traslada ahora al Congreso con un nuevo proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo,,. Sin embargo, un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela una realidad cruda: una caída estrepitosa del poder adquisitivo y un desfinanciamiento que, según los expertos, pone en riesgo el funcionamiento básico de las casas de estudio,.
A continuación, los puntos clave del análisis realizado por el equipo técnico del CEPA sobre la situación presupuestaria y salarial en el ámbito universitario.
Un ajuste consolidado en el tiempo
El presupuesto destinado a las Universidades Nacionales ha sufrido una contracción severa bajo la actual gestión. «Entre 2023 y 2025, la caída en términos reales alcanzó el 28,7%», destaca el informe del organismo. Al proyectar los valores para 2026, la situación se agrava: el crédito vigente representa una reducción acumulada del 45,6% respecto de los niveles de 2023.
La diferencia entre lo que establecía la Ley 27.795 (la «Ley insistida») y la propuesta del Gobierno es abismal. Mientras que la ley sancionada por el Congreso permitía recuperar casi la totalidad del nivel presupuestario previo al ajuste, el proyecto oficialista «consolida ese recorte en términos reales», resultando en un presupuesto un 36,5% inferior al que habría correspondido originalmente,.
Salarios bajo la línea de pobreza
Uno de los datos más alarmantes que arroja el estudio es el deterioro de los ingresos de los trabajadores. Desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026, el salario real de docentes y no docentes acumuló una pérdida del 34,0%,.
Esta caída ha empujado a la gran mayoría del personal universitario a situaciones de vulnerabilidad económica. Según el CEPA, «solo una pequeña parte de los cargos supera la línea de pobreza». En enero de 2026, con una Canasta Básica Total (CBT) de $1.360.299, únicamente los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes de los niveles más altos (1 y 2) logran cubrir ese umbral,. El resto de los escalafones se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y muchos incluso por debajo de la línea de indigencia,.
La recomposición «insuficiente» del Gobierno
Frente a este escenario, el proyecto enviado por el Ejecutivo el pasado 18 de febrero propone aumentos escalonados del 4,1% en marzo, junio y septiembre de 2026,. No obstante, desde el CEPA advierten que este esquema ignora el ajuste de 2024 y se diluye rápidamente frente a la inflación,.
«La inflación acumulada hasta septiembre sería de 16,3%, mientras que el aumento salarial seguiría siendo de 12,3%», detalla el análisis técnico. Esto significa que, lejos de recuperar lo perdido, el personal universitario sufriría una nueva caída del salario real de alrededor del 3,4% para finales del tercer trimestre de este año,.
El impacto en el funcionamiento y la ciencia
El ajuste no solo afecta los bolsillos, sino también la operatividad de las instituciones. Los gastos de funcionamiento registraron una caída real del 57,1% entre 2023 y 2026,. Este recorte se explica por la «virtual desaparición» de programas vinculados al desarrollo universitario, la extensión y el fortalecimiento de la ciencia y la técnica, cuyas partidas sufrieron podas superiores al 70%,.
La única excepción es la asistencia financiera a hospitales universitarios, que registró un aumento real del 19,8% desde 2023, aunque su peso es marginal: apenas representa el 2,3% del presupuesto total de las universidades,.