La eliminación del programa nacional impacta a más de 37.000 misioneros en un contexto de crisis laboral y suba de tarifas. Expertos advierten que la baja de la pobreza oficial es una «ficción metodológica».
El cierre del programa “Volver al Trabajo”, efectivo desde marzo de 2026, ha generado una fuerte preocupación en el NEA, especialmente en la provincia de Misiones. La medida, que a nivel nacional alcanzaba a casi un millón de personas, implica el retiro de una prestación mensual de $78.000 por beneficiario, en lo que se define como un giro hacia políticas centradas exclusivamente en la “empleabilidad” en detrimento del sostenimiento de ingresos.
El impacto en los hogares misioneros
En la provincia de Misiones, la dimensión del recorte es profunda. Según datos del ISEPCi Misiones (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana), el programa alcanzaba a 37.461 personas, lo que representa el 7,8% de la población económicamente activa (PEA) urbana.
Esta quita de recursos supone que dejen de ingresar a la economía provincial unos $2.922 millones mensuales. Para las familias afectadas, esta prestación no era un simple complemento: representaba, en promedio, el 11,2% del ingreso proveniente de su ocupación principal, siendo un pilar fundamental en economías atravesadas por la informalidad.
Un mercado laboral saturado
Desde el ISEPCi advierten que el diagnóstico oficial de «falta de empleabilidad» no se ajusta a la realidad de la provincia. «Se observa una sobresaturación de la demanda laboral, evidenciada en la masiva concurrencia de personas a convocatorias de empleo, donde cientos —e incluso miles— de postulantes se presentan para un número muy reducido de puestos», señala el informe del instituto.
A este escenario se suma el cierre y achicamiento de sectores comerciales y de servicios, reduciendo la oferta de empleo formal. La situación se agrava por el aumento sostenido del costo de vida, impulsado por la quita de subsidios a la energía eléctrica y el alza de los combustibles, que presiona sobre los hogares que ya han perdido sus ingresos directos.
El debate por las cifras de pobreza
El proceso de ajuste coincide con una fuerte disputa sobre la veracidad de las estadísticas oficiales. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), cuestionó la reciente mejora en los índices de pobreza.
Salvia señaló que la reducción de las cifras presenta rasgos de una “ficción metodológica”, más que de una transformación estructural de las condiciones de vida. Según el experto, el problema radica en que las canastas utilizadas por el INDEC para medir la pobreza están basadas en patrones de consumo desactualizados que no reflejan el gasto real actual de las familias, sumado a índices de precios con ponderaciones antiguas. Esta «doble desactualización» tiende a mostrar una caída de la pobreza que «no se traduce en mejoras perceptibles en la vida cotidiana».
Feminización de la crisis y desprotección
El informe del ISEPCi Misiones destaca que la eliminación de estas políticas no es neutral en términos de género. Los programas estaban altamente feminizados, por lo que su cierre recarga las tareas de cuidado en el ámbito familiar, especialmente en las mujeres, y empuja a una mayor precariedad.
Además del ingreso monetario, el Estado ha retirado dispositivos territoriales críticos. Muchos de los beneficiarios dependían de merenderos y comedores populares que se han visto obligados a cerrar ante la interrupción de la provisión de alimentos por parte del Estado nacional. En este contexto, la retracción estatal, lejos de fomentar la inclusión, parece estar profundizando el endeudamiento y la fragilidad económica en los sectores más vulnerables de la provincia.