Un día después de que el titular de la AMIA cuestionara la lentitud del proceso, la Cámara Federal de Casación Penal aceleró los tiempos: convocó a una audiencia para el 10 de septiembre y sorteó al juez que definirá si el juicio en ausencia contra diez acusados iraníes y libaneses es constitucional.
Tras las críticas formuladas en el acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA, la Cámara Federal de Casación Penal salió a responder con hechos: convocó a una audiencia para el próximo 10 de septiembre, a las 10, en la que escuchará los argumentos de las partes antes de resolver si confirma la validez del juicio en ausencia para los diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado a la mutual judía.
Una respuesta el mismo día del reclamo
La decisión, adoptada por el juez Diego Barroetaveña, integrante de la Sala II del máximo tribunal penal federal del país, se conoció horas después de que el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, encabezara el acto central por el aniversario del atentado —ocurrido el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 muertos y cientos de heridos— y dirigiera fuertes cuestionamientos a la Justicia por la demora en resolver el planteo.
En su discurso, pronunciado ante el presidente Javier Milei en la sede de Pasteur 633, Armoza fue categórico:
«Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada.»
El titular de la mutual reclamó de manera directa a la Sala II que se pronuncie sin más demoras:
«No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles.»
También apuntó contra el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la instrucción de la causa, a quien exigió acelerar los pasos previos al juicio oral, y calificó de «absolutamente nulo» el aporte del fiscal Gonzalo Miranda, mientras destacó la gestión del fiscal Sebastián Basso.
Qué se resolverá en la audiencia
La convocatoria del 10 de septiembre responde a la apelación que presentó la defensa oficial —a cargo de Hernán Silva y del defensor ante Casación, Enrique María Comellas— contra el juicio en ausencia dispuesto para los acusados Alí Fallhijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
La defensa había planteado la inconstitucionalidad de la Ley 27.784, la norma que incorporó la figura del juicio en ausencia al sistema penal argentino para delitos de extrema gravedad, entre ellos el terrorismo. Su argumento central es que el mecanismo vulneraría garantías procesales, ya que impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse ante la Justicia o fueran detenidos.
Enfrente, la Unidad Fiscal AMIA, la propia mutual, la DAIA y los familiares de las víctimas respaldan la validez de la herramienta y reclaman que se destrabe cuanto antes.
Un tribunal renovado para una decisión histórica
Junto con la fecha de la audiencia, Casación definió también quién completará el tribunal que deberá fallar. Se sorteó al juez Carlos «Coco» Mahiques —padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques— en reemplazo del camarista cuya subrogancia en la Sala ya había vencido. Mahiques resolverá junto a la jueza Ángela Ledesma, presidenta de la Sala, y al propio Barroetaveña.
Los antecedentes del caso
El debate sobre el juicio en ausencia lleva más de un año en danza:
- Junio de 2025: el juez Daniel Rafecas hizo lugar a los pedidos de la fiscalía y de los familiares y ordenó el juicio en ausencia contra los diez acusados.
- Septiembre de 2025: la Cámara Federal porteña, con los votos de Martín Irurzun y Mariano Llorens, confirmó esa decisión, lo que habilitó a la fiscalía a avanzar con los procesamientos.
- Octubre de 2025: la defensa oficial presentó ante Casación el recurso de inconstitucionalidad que hoy sigue sin resolución.
- Mayo de 2026: pese a la falta de fallo definitivo, la Cámara Federal porteña ordenó a Rafecas continuar con los pasos necesarios para elevar la causa a juicio oral.
Si Casación confirma la validez constitucional del mecanismo, el proceso podrá avanzar y sentará un precedente inédito en la Justicia argentina para causas de terrorismo internacional. De lo contrario, el expediente podría sufrir un nuevo freno, treinta y dos años después del atentado.