Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica frenó 15 de sus 24 proyectos nacionales en vísperas de temporales severos. Mientras la ejecución presupuestaria cayó al 23% durante la actual gestión, más del 85% de los recursos se volcaron a Letras del Tesoro.

En medio de los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional que advierten sobre un fenómeno de El Niño fuerte para el último trimestre del año, la infraestructura hídrica del país atraviesa un estado de parálisis crítica. Según datos oficiales analizados por el CEPA, la mayor parte de los recursos destinados por ley a mitigar inundaciones fueron derivados a instrumentos financieros del Estado nacional, dejando inconclusos proyectos clave en el Litoral, Santa Fe y el conurbano bonaerense.
Obras paradas y avance nulo ante la amenaza climática
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), creado mediante el Decreto 1381/01 y financiado con el 4,31% del impuesto a los combustibles, constituye el instrumento central para prevenir catástrofes hídricas y recuperar tierras productivas. Sin embargo, de las 24 obras que integran la cartera nacional, 15 se encuentran suspendidas o rescindidas, concentrando contratos por $144.818 millones (el 39,7% del presupuesto total).
Entre los proyectos afectados figuran infraestructuras de alto impacto regional:
- Acueducto San Javier–Tostado (Santa Fe): Paralizado mediante neutralización de contrato con un 90% de avance físico.
- Desagües en el conurbano bonaerense: Siete de las ocho obras previstas en la zona están frenadas, incluyendo la rescisión de los trabajos en los barrios Los Ceibos de La Matanza (64% de avance) y Av. Libertad en Marcos Paz (40% de avance).
- Ampliación del Río Salado: Los tres subtramos de la cuenca, que representan el 45% del monto total de la cartera, presentan niveles de avance casi nulos, que oscilan entre el 0% y el 18,8%.
Esta situación coincide con niveles de humedad edáfica superiores al 45% en el centro y noreste bonaerense, considerados de saturación técnica, y alertas de evacuación en el río Uruguay a la altura de Colón, Entre Ríos, donde la obra de entubamiento local fue cancelada con sólo un 4,7% ejecutado.

De la prevención a las Letras del Tesoro: ¿dónde está el dinero?
El análisis del CEPA expone un cambio de rumbo en el destino de la recaudación. Durante el período acumulado de la gestión actual (2024 a mayo de 2026), el FFIH percibió $611.667 millones en valores constantes, pero únicamente ejecutó $140.971 millones en obras. Esto implica que solo 23 de cada 100 pesos ingresados se transformaron en infraestructura. En contraste, entre 2022 y 2023 el pago de obras había superado el 100% de lo recaudado mediante la aplicación de remanentes acumulados.
Al 1 de junio de 2026, el Fondo registraba $339.993 millones en activos financieros, de los cuales $290.676 millones (un 85,5% del total disponible) estaban colocados en Letras del Tesoro Nacional capitalizables (LECAP). Incluso, entre enero y mayo de 2026, los rendimientos cobrados por dichas letras ($59.747 millones) resultaron prácticamente equivalentes a la totalidad de los desembolsos realizados para la construcción de obras ($61.082 millones).
Declaraciones y controversia por el financiamiento internacional
El informe documenta asimismo el congelamiento del crédito N.º 9516-AR del Banco Mundial, aprobado en agosto de 2023 por USD 200 millones para la gestión del riesgo de inundaciones urbanas, el cual registra un 0% de ejecución tras más de tres años.
En este marco, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, exigió la cesión del financiamiento al ámbito provincial tras las inundaciones de Bahía Blanca en junio de 2025. Posteriormente, en octubre de 2026, el funcionario denunció públicamente que la Administración central impidió la llegada de dichos fondos para volcar la liquidez al sostenimiento de la deuda pública estatal. Katopodis también señaló el bloqueo nacional de avales internacionales por USD 620 millones orientados a obras hidráulicas bonaerenses.
Por su parte, la postura del Poder Ejecutivo Nacional quedó reflejada en las tratativas del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien negoció con el Banco Mundial la reorientación de líneas multilaterales de crédito hacia los sectores de minería, energía y minerales críticos por hasta USD 4.000 millones, desplazando la prioridad presupuestaria de la prevención hídrica hacia proyectos enmarcados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).