Cuarenta y ocho personas privadas de la libertad murieron en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante 2025, según el informe anual “Muertes en cárceles federales” elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El documento señala que la cifra representa un aumento del 20% respecto de 2024, cuando se habían registrado 40 fallecimientos. En sus conclusiones, la Procuvin advierte que “el incremento de las muertes debe analizarse en el marco del crecimiento sostenido de la población alojada en establecimientos federales”, pero aclara que ese factor no agota la explicación y subraya la incidencia de “las condiciones de detención, el acceso a la salud y las respuestas institucionales frente a situaciones críticas”.
El informe detalla que el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza concentró 15 de los decesos, la cifra más alta del sistema, seguido por el Complejo de Marcos Paz, con 5 casos. En términos regionales, los establecimientos ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron 32 muertes, lo que equivale al 67% del total. La Procuvin observa que ese porcentaje “supera la proporción de personas detenidas en esa región, que ronda el 54%”, lo que configura una sobrerrepresentación estadística que, según el organismo, “merece un análisis específico sobre las dinámicas de gestión y las condiciones materiales de alojamiento”.
En cuanto a la distribución por género, 43 de las personas fallecidas eran varones, 4 mujeres y 1 persona trans. El reporte destaca que “durante los dos años previos no se habían registrado muertes de mujeres ni de personas trans en el SPF”, por lo que la reaparición de casos en 2025 vuelve a encender alertas sobre la atención diferenciada y las condiciones de encierro en unidades con poblaciones específicas.
El perfil etario muestra que 22 de las personas fallecidas –el 45,8%– tenían menos de 40 años. El promedio general de edad fue de 46 años. También se consignaron dos muertes de personas extranjeras. Para la Procuvin, el dato etario “evidencia la presencia de muertes prematuras en contextos de encierro”, especialmente en los casos traumáticos.
El informe también analiza el tiempo de permanencia en prisión. Al menos 13 personas murieron durante su primer año de alojamiento en el sistema federal. Otras 15 fallecieron luego de más de seis años de institucionalización. Según el organismo, estos extremos temporales permiten advertir “tanto deficiencias en la recepción y evaluación inicial de la salud de las personas ingresantes como el impacto acumulativo del encierro prolongado en las trayectorias vitales”.
En relación con las causas, el relevamiento distingue entre muertes no traumáticas y traumáticas. De las 48 registradas, 34 fueron catalogadas como no traumáticas, es decir, vinculadas a problemas de salud. En este grupo, el promedio de edad fue de 52 años. La Procuvin remarca que en estos casos “resulta central examinar la oportunidad y adecuación de las prestaciones médicas brindadas, así como las derivaciones hospitalarias y el seguimiento de patologías crónicas”.
Por su parte, 14 fallecimientos fueron clasificados como traumáticos, con un promedio de edad de 31 años. Allí se incluyen hechos violentos y otras situaciones que requieren investigación judicial específica. El organismo sostiene que “las muertes traumáticas en contextos de encierro imponen al Estado un deber reforzado de esclarecimiento, prevención y reparación”.
En sus conclusiones generales, la Procuvin insiste en que el monitoreo sistemático de las muertes bajo custodia estatal constituye “una herramienta indispensable para evaluar la política penitenciaria y el cumplimiento de los estándares de derechos humanos”. El aumento registrado en 2025, advierte el informe, “exige revisar las condiciones estructurales del sistema federal y fortalecer los mecanismos de control y prevención”, en un escenario de sobrepoblación y creciente demanda sobre los servicios penitenciarios.
Fuente: Página 12