Por orden del juez de instrucción penal de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, la Policía de Misiones, Cibercrimen y la Secretaría de Apoyo para investigaciones Complejas (SAIC) realiza un allanamiento en la propiedad del diputado provincial Pedro Puerta.
La Justicia interviene el edificio ubicado en Alvear al 600 de la ciudad de Apóstoles, donde funcionó Cigarros Misioneros y actualmente se encuentran radio Social Club FM y un bar con la misma denominación.
La medida fue ordenada por el juez Miguel Ángel Faría. Es el marco de la causa por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil por la que están imputados el diputado de Activar, Germán Kiczka y su hermano Sebastián.
La causa inició en el marco de una investigación en la que interviene una fiscalía especializada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la base de un alerta internacional.
LA FISCAL FEDERAL EXPLICA LA CAUSA
La fiscal Daniela Dupuy, al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, ofreció detalles sobre la investigación que inició en enero contra el diputado de Activar, Germán Kiczka y su hermano Sebastián.
La letrada reveló que la investigación comenzó tras una alerta del International Center for Missing Children, que detectó la distribución de material de abuso sexual infantil en 15 países. Dupuy explicó que la alerta internacional llevó a una serie de allanamientos simultáneos en varios países, incluyendo Argentina.
“En el país efectuamos muchos allanamientos, incluyendo uno en Misiones, que resultó en la confiscación de dispositivos electrónicos de los hermanos Kiczka,” afirmó. Así, aclaró que esta operación fue parte de una investigación de mayor envergadura que ha involucrado a numerosos países y jurisdicciones.
Asimismo, la fiscal también habló sobre la naturaleza del material encontrado. “Recibimos 300 denuncias de explotación sexual infantil, muchas de las cuales incluían imágenes extremadamente perturbadoras de abuso de menores“, indicó. Además, dio cuenta que a pesar de estar acostumbrada al material, aseguró que es imposible naturalizar la brutalidad de estos abusos.
En cuanto a la identificación de las víctimas, la abogada aclaró que aún no es posible confirmar si hay niños de Misiones en las imágenes encontradas. “El análisis de los dispositivos secuestrados fue realizado por el laboratorio informático forense en Misiones, y aunque se han encontrado evidencias, la investigación debe profundizar para identificar a todas las posibles víctimas”, explicó.
Del mismo modo aclaró, que en el caso de personas involucradas con estos delitos “el que distribuye material de abuso sexual infantil, a menudo también produce y comete abusos. En muchos casos, hemos encontrado pruebas de que estos individuos no sólo consumen sino que también perpetran delitos.” Mencionó casos que comenzaron con explotación sexual infantil y evolucionaron hacia grooming, abusos y trata de personas en Buenos Aires.
No obstante, aclaró que “las penas en Argentina son severas, especialmente para casos con gran cantidad de material ilícito. La ley actual obliga a cumplir la totalidad de la condena, lo que asegura que los delincuentes no puedan evadir la justicia”.
“El caso de los hermanos Kiczka es grave, pero es solamente un componente dentro de una investigación global más extensa,” señaló la funcionaria judicial. Por eso, a pesar de la gravedad del caso, recordó que representa una fracción de una red mucho más grande de explotación infantil en línea.