Este miércoles 21 en Buenos Aires se llevará a cabo una audiencia entre los representantes de la Unión Tranviarios Automotor y el Ministerio de Capital Humano, donde se buscará desactivar el paro del transporte urbano prevista para mañana jueves 22 y viernes 23 de agosto.
El paro, que afectaría a todo el interior del país, incluida Misiones es en el marco de un conflicto por la falta de consenso en las negociaciones salariales entre el gremio de choferes y los empresarios del transporte, exacerbado por la reciente eliminación de subsidios al interior del país, implementada por el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei. Esta situación ha generado una tensión creciente en el sector, especialmente en las provincias.
La UTA decidió convocar al paro tras el fracaso de las últimas negociaciones, donde no se alcanzó un acuerdo en la audiencia celebrada en el Ministerio de Capital Humano. Desde el sindicato, se afirmó que «atento a la negativa a acordar, informamos que se ha resuelto como medida de acción gremial en aquellas jurisdicciones en las que no se haya acordado salarios, cese de actividades para los días 22 y 23 de agosto».
En la provincia de Misiones, la seccional de UTA ya adelantó que se sumará a la medida de fuerza convocada a nivel nacional. Sin embargo, la adhesión dependerá de los resultados de la reunión programada para este miércoles o de que se alcance un acuerdo en el ámbito provincial, como ha sucedido en ocasiones anteriores.
También podría evitarse si se llama a una conciliación obligatoria a nivel nacional
Desde la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) expresaron preocupación ante la situación actual, calificándola de «crítica» debido a la eliminación de subsidios, «las tarifas inadecuadas» y el «creciente costo operativo» que enfrentan las empresas de transporte en el interior del país.
Desde la Fatap, se advirtió que «la paralización de los servicios solo empeorará la situación y podría llevar al cierre definitivo de muchas empresas de transporte». Además, exigieron la intervención urgente de las autoridades nacionales para «evitar el colapso del servicio».
En este contexto, la audiencia de este miércoles es vista como un momento decisivo para evitar que millones de usuarios en todo el país queden sin transporte público durante dos días, lo que tendría un impacto directo en la vida cotidiana y en la economía local.