El Juez Correccional y de Menores de Posadas, César Jiménez, presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia en diálogo con el licenciado Ariel Sayas, se refirió en Radio News Misiones sobre el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad a 13 años de edad.
El proyecto del presidente Javier Milei ingresó en las últimas horas al Senado de la Nación para que sea tratado.
En este marco, el magistrado aclaró que “bajar la edad respecto a la pena -es lo que se está considerando- los 13 años de edad, lo que se conoce como bajar la edad de imputabilidad, es un concepto erróneo, porque inimputable es el loco, el que no conoce la criminalidad de sus actos ni dirige sus acciones. El niño, niño adolescente, obviamente es sujeto a derecho, por consiguiente, conoce. Lo que estamos hablando es bajar la edad de punibilidad a 13 años, es decir que un niño de 13 años puede ser penalizable”.
El juez Jiménez, quien también es miembro del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, indicó que “pareciera ser que la actividad del Estado, el rol político del Estado, solamente se limita a anunciar una reforma legislativa que tiene como eje central bajar la edad de punibilidad”.
Desde su análisis el proyecto legislativo “es la intención represiva, regresiva, punitivista y demagógica creyendo que esto resuelve supuestamente una situación de inseguridad”.
La autoridad judicial -que cuenta con más de 30 años en la justicia de menores- sostuvo: “Lo que se está pergeñando, es resolver la situación de inseguridad porque el niño o niña o niñas es en definitiva el que trae aparejado la inseguridad en la sociedad. Esta es una ficción, es una falacia y no solamente es una mentira, sino que es un error”, dijo.
Alertó que el proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación carece de legalidad y advirtió que “o es un error adrede o es un error”
Recordó que hubo intentos anteriores de modificar la normativa. “El primer proyecto que conocí fue un proyecto de Insaurralde, después con Macri, que tuvimos la posibilidad de tener un diálogo en el Ministerio de Justicia de la Nación en donde estábamos muchas organizaciones invitadas y ahora con Milei”.
Explicó, respecto del tema que la iniciativa de bajar la edad para juzgar delitos “es una impronta que obviamente matiza algunas cuestiones económicas y políticas del Estado”.
El magistrado fue consultado sobre si esta propuesta de Javier Milei, de bajar la edad a 13 años, tiene características particulares que la diferencian de anteriores proyectos.
Indicó entonces que “lo estamos estudiando pormenorizadamente (el texto), porque los otros proyectos son de diputados de la Libertad Avanza y que todavía no tomó la condición legislativa, estado parlamentario. Lo cierto es que el proyecto que estábamos esperando, que es del Poder Ejecutivo, entró ayer de tarde al Senado de la Nación”.
Desde su punto de vista, más allá de las modificaciones en las edades “lo importante es destacar que es necesario pensar en la modificación del sistema juvenil penal. Eso es una deuda pendiente que tenemos todos aquellos que estamos dentro de organizaciones en donde trabajamos la minoridad o trabajamos sobre los derechos de niños, la protección de la niñez, el interés superior del niño, la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, dijo el Presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia.
Indicó que la necesidad radica en que “la legislación existente, hasta el día de hoy, data de un decreto de 1980, firmado por Videla, en donde establece los puntos de cómo tiene que ser el procedimiento de menores”, esto aún cuando rige la Convención de los Derechos de los Niños que, además, tiene rango constitucional.
Aquella normativa de la década del 80’ “son cuatro o cinco artículos pequeños en donde da la posibilidad al juez de hacer lo que quiera con el niño o niña que comete un ilícito penal. Y la ley 22.803 que establece la edad, que es de 1983”, aclaró.
Sostuvo que la normativa vigente estaría quedando anacrónica y por ello considera que “esta legislación es necesaria de una u otra manera cambiarla, esto es una realidad. Nosotros no estamos en desacuerdo con trabajar con un sistema juvenil, innovar y dejar sin efectos el viejo sistema de la dictadura cívico-militar”, remarcó.
PROYECTO ANTICONSTITUCIONAL
Por otro lado, el juez de menores indicó que los organismos internacionales emitieron consideraciones y recomendaciones en relación a las edades de punibilidad. “El 18 de septiembre de 2019 se emitió la Observación General Número 24 del Comité Internacional de los Derechos del Niño. Estas observaciones de la Convención es del organismo que interpreta lo que dice la Convención y este comité que depende de la ONU encomienda a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo, 15 o 16 años, e insta a los estados partes a que no lo reduzcan en ninguna circunstancia. Dice que si bien se puede subir la edad mínima, no se la puede bajar”.
Recordó que este comité es es parte de la Convención de los Derechos del Niño, u “la Convención, desde 1994, según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tiene raigambre de la Carta Magna Constitucional. Por consiguiente, es de bajar la edad de punibilidad y después, debajo de esa edad, vulneraría el principio de no regresividad y generaría responsabilidad para el Estado argentino”.
DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA
La intención de impulsar una ley que choca con lo determinado en los tratados internacionales y la Constitución nacional denotaría un “desconocimiento” de la ley por parte del presidente, advierte el juez. “En principio, obviamente (Milei) desconoce profundamente todos los estándares internacionales, la Convención Internacional de los Derechos Niños, todo lo que se pergeñó a partir de 1989 cuando sale la Convención. Peca de un desconocimiento importante el presidente o sus asesores. Esto significa, fundamentalmente, desconocer la ley, porque los tratados internacionales tienen categoría de ley“, indicó Jiménez.
Remarcó que “están desconociendo la ley y obviamente la Constitución Nacional”.
Jiménez subrayó que la justicia juvenil se diferencia de la de adultos en su objetivo principal: la reintegración del niño o niña adolescente a la sociedad, permitiéndoles gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales. «No busca el castigo como la justicia de adulto», afirmó el juez, destacando que el foco del juzgador en estos casos es siempre la rehabilitación y la reintegración familiar.
El juez también hizo hincapié en los principios de no regresividad y especificidad que rigen la justicia juvenil. “El principio de no regresividad implica que no podemos retroceder en los derechos adquiridos, es decir, no podemos volver a medidas más severas como la pena de muerte“, explicó Jiménez. En cuanto al principio de especificidad, destacó que este procedimiento especial para menores se basa en tratar las situaciones de los adolescentes de manera distinta a las de los adultos, siguiendo un procedimiento interdisciplinario y específico.
Refiriéndose a la legislación vigente, Jiménez mencionó que, a pesar de las contradicciones con las antiguas leyes de la dictadura, el actual código de procedimiento penal de menores es más avanzado y humanitario. Criticó duramente las propuestas del político Javier Milei, comparándolas desfavorablemente con las de la dictadura de Videla, al señalar que “por lo menos Videla tenía mayor consideración que Milei“.
Esto porque en la dictadura se estableció “un procedimiento especial en donde a los niños se les trata con la interdisciplina, se los trata con un procedimiento específico especial distinto a la del adulto“.
Retomó la comparación con la propuesta de Javier Milei y dijo que “goza de una interpretación errónea, está mal asesorado, o en definitiva es su propia ideología que así lo busca y que no va a prosperar, porque de hecho esto va a traer un tratamiento que no va a ser solamente legislativo, sino que va a ser parte de la Corte Suprema de Justicia, y de la misma Organización de Naciones Unidas“.
El juez también se mostró escéptico sobre la efectividad de bajar la edad de imputabilidad para combatir la inseguridad. “En el mundo entero se intentó resolver la cuestión de la inseguridad bajando la edad de imputabilidad y no prosperó. La inseguridad sigue siendo la misma“, señaló Jiménez, añadiendo que en la Provincia de Misiones, las estadísticas muestran que el porcentaje de adolescentes que cometen delitos graves no llega al 2%.
Además, Jiménez reveló datos sobre la situación actual en Misiones, donde solo tiene dos adolescentes internados en la Unidad Penal 4 por delitos graves, y explicó que la internación es la “última ratio“ según la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño. “El delito tiene exclusividad en el adulto“, concluyó Jiménez, reafirmando la necesidad de un sistema penal juvenil conforme a los estándares internacionales.