Aprobó acuerdos legislativos solicitados por el gobernador para cubrir cargos en el Poder Judicial, suspendió la ejecución de sentencias de desalojo o remate, otorgó un nuevo nombre a la actual comisión y al sistema de prevención de la tortura, efectuó una nueva consolidación del Digesto Jurídico y definieron el lema del año para el 2025.
La Legislatura misionera prestó acuerdos legislativos para las designaciones propuestas por el gobernador para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Luego de haberse realizado oportunamente las audiencias públicas correspondientes, en las cuales se consideró la idoneidad de cada uno de los candidatos, la Cámara procedió a dar su conformidad para la designación de los postulantes.
Juan Ernesto Marinoni fue propuesto para el cargo de vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas. Alejandra Celina Paredes, como jueza de paz letrada de Segunda Categoría de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la localidad de San José.
Para la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Eldorado, los postulantes son Petronio César Piris Da Motta, como vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia; Joaquin Kürten, como juez de primera instancia en lo Laboral; y Delia Yolanda Caballero, para defensora oficial de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia 2.
Asimismo, Alexa Yanina Schunke es postulante al cargo de defensora de instrucción 3 de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en San Vicente. Y María Itatí Amarante, como defensora de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar 3 de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en San Pedro.
En la sesión, el diputado Rolando Roa, vicepresidente de la comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca, afirmó que con estos acuerdos se está “dando una respuesta concreta a los misioneros y misioneras, dotando a nuestro Poder Judicial de excelentes magistrados y defensores, según lo han demostrado tanto en las audiencias públicas como en los exámenes previos que se realizan ante el Consejo de la Magistratura”.
“Sin ninguna duda desempeñarán una función excelente, cercana a la comunidad y de destacada calidad”, agregó.
Nueva denominación
A través de diferentes iniciativas presentadas por los diputados Carlos Rovira y Anazul Centeno, el Parlamento misionero cambió la denominación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; los cuales pasan a llamarse Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro y Sistema Provincial de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro, respectivamente.
En los fundamentos, Rovira, explicó que esta modificación responde “a la necesidad de actualizar su enfoque y alinearlo con los avances normativos y conceptuales en materia de derechos humanos”.
“La modificación no es meramente formal, sino que refleja una perspectiva más amplia y renovada que busca fortalecer la dignidad y los derechos de las personas privadas de la libertad, orientando las políticas públicas hacia una gestión más proactiva y constructiva en los centros de detención”, aclaró.
Centeno, en tanto, manifestó que “a nivel institucional, la nueva denominación facilita y mejora significativamente su identificación y actuación frente a las instituciones, como así también con la sociedad en su totalidad”.
En el Recinto, agregó que «la propuesta busca actualizar la denominación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura a Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro, adaptando su enfoque a los avances en derechos humanos».
«No es solo una modificación formal, sino el reflejo de un arduo trabajo que la Comisión ha realizado coordinadamente con el Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad, esta Cámara y organizaciones civiles, logrando mejorar las condiciones de convivencia y salud de las personas privadas de su libertad”, destacó.
La diputada Centeno también subrayó que “la Comisión ha ampliado sus responsabilidades, velando no solo por las cárceles y comisarías, sino también por hogares de menores y adultos mayores. Las 152 visitas de monitoreo realizadas en 2024 han permitido evaluar condiciones de infraestructura, salud física y mental, e impulsar proyectos educativos y deportivos».
Respecto a la nueva denominación, Centeno señaló que «el nombre Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro representa un enfoque preventivo y holístico, que va más allá de la prevención de la tortura, y busca mejorar condiciones materiales, educativas y psicológicas en los contextos de encierro».
Constanza Yudar, titular de la Comisión, señaló que “la modificación refleja mejor el trabajo que hemos estado realizando. Esta es la tercera etapa de nuestra gestión y creemos que el nuevo nombre se alinea más con nuestra labor”.
“A pesar de este cambio, la Comisión continuará con sus funciones de control y monitoreo. La esencia de nuestro trabajo y de la ley que nos rige se mantendrá sin alteraciones. Lo único que cambia es la denominación de la Comisión”, explicó.
Lema del año
La Cámara de Representantes instituyó el 2025 como «Año de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Lucha contra el Abuso, la Violencia en Todas sus Formas y los Ciberdelitos; de la Accesibilidad Digital para Personas con Discapacidad; de la Contribución de las Cooperativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; así como de la Concientización y Promoción de la Funga Misionera.»
La medida integra las propuestas efectuadas, en diferentes proyectos, por los diputados Carlos Rovira, José Pastori, Rafael Pereyra Pigerl, Astrid Baetke y Rolando Roa.
En los fundamentos, Rovira afirmó que “el compromiso del Gobierno es garantizar que el año 2025 sea un año de transformación profunda, en el que se promuevan espacios seguros y saludables para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y donde la explotación y el abuso no tengan lugar”. Y aseguró que el lema instituido “representa una clara y firme voluntad de proteger a los más vulnerables y de construir un futuro en el que las generaciones más jóvenes puedan vivir en una sociedad que respete y valore su dignidad y bienestar en todos los aspectos”.
Pastori manifestó que “combatir la ciberdelincuencia ayuda a prevenir daños económicos y emocionales a individuos y organizaciones, promoviendo un entorno en línea más seguro y confiable”.
Pereyra Pigerl señaló que “la producción y la distribución de bienes y servicios, centrada en las personas y en el ambiente, pueden hacerse a través de las cooperativas, modelo asociativo que hace casi 200 años que está demostrado sus virtudes y por ello solicito a mis pares su acompañamiento”.
Baetke explicó que la palabra “funga” se utiliza para referirse a la diversidad de hongos de un determinado lugar y destacó su importancia al afirmar que “sin los hongos, la vida en la Tierra no existiría tal y como la conocemos”.
Roa, dijo que el lema definido implica “hablar sobre la implementación de herramientas que permitan el acceso de manera plena, a personas con discapacidad, al mundo virtual” y precisó que “la accesibilidad nos permite comenzar a eliminar las barreras de todo tipo, que impidan o dificulten la participación de personas con discapacidad de manera plena en la realidad del mundo actual”.
En la sesión, la diputada Heidy Schierse dijo que este lema integra “varios expedientes enfocados principalmente en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Además, se hace énfasis en la visibilización de la funga misionera, reconociendo la importancia de los hongos en nuestros ecosistemas».
«Este lema del año también incluye la cuestión cooperativa, dado que Misiones se destaca a nivel nacional por su conocimiento y educación en políticas cooperativas. Asimismo, abordaremos la digitalización y la accesibilidad, garantizando que las personas con discapacidad puedan acceder a toda la información y conocimiento”, agregó.
«Quiero hacer especial énfasis en la propuesta del ingeniero Carlos Rovira, que se centra en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y en la erradicación de toda forma de violencia hacia ellos».
«Desde nuestro espacio político, sostenemos que lo más importante en nuestra sociedad son nuestros niños, niñas y adolescentes. Protegerlos no solo asegura su futuro, sino también el nuestro. Este lema se asumirá como una agenda y una meta para orientar nuestras acciones en 2025”, expresó Schierse.
Consolidación normativa
En la sesión legislativa se consolidó en el Digesto Jurídico de la provincia las leyes sancionadas durante el actual período legislativo y las que resultaron modificadas, con sus respectivos textos ordenados temáticamente, sistematizados, actualizados, fusionados y corregidos.
El autor del proyecto, diputado Oscar Herrera Ahuad, explicó en los fundamentos, que “esta actualización periódica se concreta con la consolidación de las leyes nuevas y, de las que, integrando ya el cuerpo legal, resultan afectadas de alguna manera por otras (sustituciones, incorporaciones, derogaciones, entre otras) o por situaciones objetivas como las pérdidas de vigencia que justifican la declaración de caducidad o las abrogaciones expresas”.
Antes de la aprobación de la ley, la diputada Blanca Núñez, vicepresidenta de la Comisión de Legislación General, dijo que, desde su creación en el 2009, “el Digesto Jurídico se ha consolidado como un cuerpo normativo dinámico, que actualizamos al cierre de cada período legislativo, con el fin de ofrecer a la ciudadanía un compendio actualizado de leyes vigentes en Misiones”. En este sentido, aseguró que, gracias a la consolidación anual, “la población tiene a su alcance un recurso que brinda seguridad jurídica, fundamental para el desarrollo de nuestra provincia”.
La legisladora señaló que “la Secretaría Legislativa responsable del Digesto Jurídico ha realizado una labor exhaustiva para ofrecer un compendio normativo accesible y práctico a todos los ciudadanos, implementando, además, un sistema de códigos QR que facilita el acceso a la legislación desde cualquier dispositivo”. Añadió que este sistema ha sido distribuido entre los tres poderes del Estado, funcionarios, universidades, municipalidades y diversas organizaciones, promoviendo una mejor difusión de las normativas.
Suspensión de desalojos y remates
Por otra parte, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de ejecuciones de sentencias de desalojo o remate de inmueble que estén destinados a vivienda única y familiar, o a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifique una ocupación de más de ocho años, en predios urbanos y rurales, respectivamente, sean fiscales o privados.
En los fundamentos, el diputado Carlos Rovira, autor del proyecto, afirmó que esta medida “responde a la necesidad de salvaguardar el derecho a una vivienda digna, asegurando condiciones habitacionales adecuadas”.
“El enfoque de esta nueva prórroga se centra en la continuidad de garantizar la preservación de la vivienda en áreas urbanas y rurales, frente a eventuales emergencias, incluyendo aquellas de índole económica que puedan afectar a los ciudadanos en su capacidad para mantener su hogar”.
En el Recinto, la presidente de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, Anazul Centeno, se refirió al impacto de la situación económica en las familias, e hizo hincapié en la importancia de la ley en el contexto de la política habitacional, y expresó: «En un país donde faltan al menos 3.5 millones de viviendas, el acceso a un hábitat digno es el sueño más anhelado, y esta ley busca seguir protegiendo ese derecho esencial».
Resolución
El presidente del bloque de diputados renovadores, Martín Cesino, se refirió a una resolución emitida por el Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones en la que se solicita a la Cámara de Representantes “que determine quién debe cubrir la vacancia de la banca de Germán Kiczka, tras confirmarse su participación en hechos delictivos gravísimos. Este caso no tiene precedentes en la provincia, lo que nos sitúa ante un vacío legal sobre la designación de un reemplazo en caso de una falta grave de un diputado”.
“Es nuestra responsabilidad, conforme a lo establecido en la Constitución provincial, no solo llenar este vacío legal, sino también determinar quién debe ocupar dicha vacancia”, agregó el legislador.
Cesino solicitó que “se apruebe el proyecto de resolución en el que, como bloque mayoritario, pedimos que la vacancia generada por la expulsión de Germán Kiczka se cubra con la designación de Paulino Javier Mela”.