Pamela Vigo, trabajadora cesanteada y candidata a delegada, relata la irregularidad de las notificaciones y advierte sobre el desmantelamiento del área de fiscalización. La crítica a los directores que mantienen viáticos equivalentes a sueldos mientras se recorta al personal de carrera.
El clima de tensión en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) escaló tras la notificación de 21 despidos el pasado martes 30 de diciembre. La medida, ejecutada de manera irregular según los afectados, no solo pone en jaque la estabilidad de decenas de familias, sino que dispara una alerta sobre la seguridad alimentaria de los consumidores al quedar desmantelada el área encargada de vigilar la producción de la yerba.
Pamela Vigo, abogada del instituto y candidata a delegada sindical, describió en Radio News https://news.appradio.ar/ el violento episodio de la notificación: “El escribano nos notificó que ese día se firmó la resolución 152/2025, donde se daba por finalizada la relación laboral. No nos dieron copia del acta ni de la resolución”. Según Vigo, el procedimiento careció de transparencia, ya que ningún director «dio la cara» y los empleados fueron llamados uno por uno frente a un escribano y una abogada sin previo aviso.
El fin de la fiscalización
La mayor preocupación radica en que el grueso de los despidos afectó al área de fiscalización, un sector clave para garantizar que el producto cumpla con los estándares antes de llegar a la góndola. Vigo fue tajante al respecto: “Desmantelaron la fiscalización. La fiscalización molesta”.
La entrevistada advirtió que el control de calidad debe realizarse durante el proceso de producción (corte, secado y mezcla) y no solo en el paquete cerrado. “El INYM no tiene estructura para controlar paquete por paquete en todo el país. Si no controlaste la etapa de producción y pretendés controlar el paquete final, imaginate la cantidad de sorpresas con las que te podés encontrar”, sentenció.
La «motosierra» selectiva
Uno de los puntos más polémicos de la denuncia es la disparidad en el ajuste económico. Mientras se cesantea a personal que ingresó por concurso público, los directores del organismo mantienen sus beneficios intactos.
“¿Por qué el ajuste recae sobre los trabajadores y no sobre la verdadera casta, que son los directores del instituto?”, cuestionó Vigo. Según su testimonio, los directores perciben viáticos que, por la frecuencia de las reuniones, terminan equivaliendo a un sueldo completo. Incluso señaló que uno de los firmantes de la resolución de despido es un director que en 2016 había sido echado del instituto por mal desempeño cuando era empleado.
Contra el estigma del «ñoqui»
Vigo también respondió a las críticas en redes sociales que celebran los despidos bajo el supuesto de que se trataba de personal inactivo. “Ese mote de ‘ñoqui’ no existe. Ninguno de nosotros entró a dedo, pasamos por concursos y entrevistas con el directorio”.
Para ejemplificar el compromiso de los trabajadores, relató su situación personal: “Yo me levantaba a las 5 de la mañana, viajaba desde Oberá con mi propio auto y mi combustible. A mí nunca nadie me pagó nada”. Finalmente, calificó el accionar del directorio como un acto de “nivel de crueldad” extremo, al dejar a personas mayores de 50 años y con familias a cargo sin sustento en vísperas de Año Nuevo.