Soledad Varela, una de las principales referentes del colectivo de personas con discapacidad asegura que la situación empeoró drásticamente en los últimos dos años. Denuncia la utilización de la discapacidad para ataques verbales desde la máxima autoridad del país y el impacto devastador en los tratamientos vitales para niños y jóvenes.
El colectivo de personas con discapacidad (PCD) ha experimentado un lamentable retroceso en materia de inclusión durante los últimos dos años, según advierte Soledad Varela, especialista en discapcidad e inclusión. Aunque los avances significativos en inclusión siempre fueron complejos, la situación actual se percibe como «mucho peor que antes». La activista hace un llamado urgente a que, al hablar y trabajar en materia de discapacidad, se involucren las voces, opiniones y la vida de las PCD en la toma de decisiones que afectan su presente y futuro cotidiano.
Discursos de odio desde el Estado y falta de respeto
Uno de los principales factores que ha marcado este retroceso es la reinstalación de discursos de odio hacia el sector. Soledad lamentó que desde el presidente de la nación, Javier Milei, se han instalado burlas hacia personas con diferentes tipos de discapacidad y se ha utilizado la discapacidad para la violencia verbal y para atacar.
La referente señaló en Radio News que, debido a la alta visibilidad y seguimiento del presidente, sobre todo entre la gente joven, estos discursos se han replicado, causando un enorme atraso en la lucha por la garantía de derechos.
Entre las declaraciones más impactantes que Soledad recuerda haber escuchado del presidente está la afirmación de que «él (Javier Milei) ni nadie es responsable de que existan personas con discapacidad» y que no tiene por qué hacerse cargo de esto. Para la activista, esta postura denota una falta de conocimiento del lugar que ocupa como máxima autoridad del país, de quien también depende la garantía de los derechos del sector.
El punto clave, según Soledad, no es encontrar un culpable de la discapacidad, sino que la inclusión y convivencia de las PCD en la sociedad es responsabilidad de todos, desde las acciones más pequeñas de la cotidianidad hasta las políticas públicas más amplias. La falta de respeto hacia las PCD es uno de los sucesos más dolorosos de este periodo.
El momento crítico de las pensiones y la ley sin voluntad
La discusión en torno a las pensiones por discapacidad ha marcado un momento crítico para el sector. Aunque la referente asegura que nunca estuvo en contra de que las pensiones fueran auditadas, este proceso debe ser legítimo, transparente y garantizar la accesibilidad y las condiciones necesarias.
Lamentablemente, durante el control de las pensiones, se quitaron beneficios a personas con una discapacidad notoria y con toda la documentación presentada. Esta situación fue trasladada a redes sociales y utilizada para atacar al sector y para generar la opinión de que había muchas pensiones mal otorgadas. Este ataque reflejó el «desconocimiento absoluto» de la realidad de las PCD y de lo que cuesta acceder a espacios, obtener oportunidades reales y vivir de manera autónoma e independiente.
Respecto al marco legal, si bien existen muchísimas leyes aprobadas y en vigencia, las normas por sí solas no garantizan nada si no hay «voluntad de parte de cada persona que forma parte de la sociedad». La inclusión no es una cuestión de «otros», sino un compromiso social que abarca a todos los sectores. Por esta razón, pese a que la temática se ha instalado en los medios y se han escuchado las voces de las PCD (algo impensado años atrás), aún faltan logros significativos en ámbitos como el educativo, el laboral y cualquier otro sector.
El costo humano: niños que abandonan terapias
Una de las secuelas más lamentables del contexto nacional reciente es el impacto directo en la salud y el desarrollo de niños y jóvenes con discapacidad.
Soledad confirmó que lamentablemente muchos niños y jóvenes han tenido que abandonar sus terapias o han tenido que optar por las más importantes y dejar otras. Las familias se han visto obligadas a endeudarse para pagar tratamientos que no estaban cubiertos, o ya no pudieron afrontar los costos.
A esto se suma la dificultad en la atención, ya que muchos terapeutas han abandonado su trabajo en búsqueda de otras salidas laborales debido a la falta de pagos, con atrasos que han llegado de tres, seis, nueve meses, hasta un año. Este abandono terapéutico significa un atraso enorme para el desarrollo de la persona en el nivel educativo y en su vida cotidiana.
La meta: De la inclusión a la convivencia en la práctica
Para superar este retroceso, la clave es replantear el enfoque y pasar de solo hablar de inclusión a poner en práctica la convivencia.
Es fundamental que haya una mayor representatividad del sector. Cuando las PCD ocupen diferentes lugares y el común de la gente vea a una persona con discapacidad trabajar, estudiar y desarrollarse en plenitud en cualquier ámbito, se podrá entender que la convivencia es posible.
Finalmente, Soledad enfatiza que la lucha por los derechos de las PCD no debe limitarse a fechas especiales o conmemorativas, sino que debe ser un esfuerzo constante los 365 días del año, que se traslade desde las familias hasta las instituciones educativas, los clubes de barrio y todo ámbito de desarrollo.