El Colegio de Abogados de Misiones ve con buenos ojos la llegada de la Defensora del Pueblo de Posadas al Superior Tribunal de Justicia, aunque advierten que el cambio profundo requiere una «ley ómnibus» y superar falencias estructurales.
La reciente postulación de la Dra. Valeria Fiore Cáceres, actual Defensora del Pueblo de Posadas, como ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones en reemplazo de Jorge Rojas, ha generado diversas expectativas en el ámbito judicial. Desde el Colegio de Abogados de la provincia, su presidente, el Dr. Antonio López Forastier, expresó una visión positiva de la designación, aunque subrayó la necesidad imperante de una transformación más profunda en el Poder Judicial misionero.
Valeria Fiore, de 53 años y madre de dos hijos, cuenta con más de un cuarto de siglo de trayectoria profesional, combinando el ejercicio privado con una destacada labor pública. La abogada es conocida por su fuerte impronta académica, su experiencia en métodos alternativos de resolución de conflictos y una marcada perspectiva de género. Es delegada decanal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa Fe en Posadas, donde también es profesora titular desde hace más de 15 años. Además, fue miembro fundadora de la Asociación Misionera de Mediación y coautora de publicaciones sobre el tema, impulsando una justicia que «repara, no solo que castiga», que «escucha, que construye comunidad y que está al servicio de las personas».
El Dr. Antonio López Forastier confirmó que la Dra. Fiore «integró el colegio y fue miembro del Tribunal de Disciplinas de nuestro colegio», por lo que «la conocemos bien». El Colegio de Abogados considera su designación «positiva dado el carácter de mujer y un poco los antecedentes académicos y de ejercicio profesional». Además, López Forastier destacó que Fiore «viene de la actividad y un poco por razones también etarias con una impronta más digital», lo que se percibe como «un aspecto positivo» en el contexto actual del Poder Judicial.
A pesar de la bienvenida, la nominación sorprendió al Colegio de Abogados. «Sí, porque la verdad que de todos los miembros del tribunal, incluso hay hay otros que están con mayor edad que que el doctor Rojas. Nos parecía que por ahí las jubilaciones por edad iban a empezar por otros miembros», afirmó López Forastier. Sin embargo, el presidente del Colegio enfatizó que la llegada de Fiore es una oportunidad para «rediscutir nuevamente este modelo de justicia que tenemos para los misioneros», ya que este tipo de situaciones «van incorporando gente más joven con otra impronta, con ganas de transformar».
No obstante, López Forastier fue cauto sobre el impacto inmediato. «No creo que con esto vaya a cambiar tampoco demasiado, por lo menos en el corto plazo», explicó, señalando que el STJ es un «organismo de nueve miembros» donde las decisiones se toman en conjunto. Aún así, la incorporación de Fiore se ve como «un pequeño paso para un proceso que todavía está pendiente», dado que el Poder Judicial de Misiones «tiene serias falencias y deudas para con la sociedad misionera».
En cuanto al perfil que aportará la Dra. Fiore, López Forastier destacó su rol como «miembra fundadora de la Asociación Misionera de Mediación». Esto sugiere que «seguramente en alguno de los temas de agenda del poder judicial va a estar presente todo lo que tengan que ver con la solución alternativa de conflictos», un aspecto que el Colegio de Abogados considera fundamental.
La crítica del Colegio de Abogados al sistema judicial de Misiones es profunda. López Forastier lo describió como «muy ineficiente» y con «personal muy incrementado» sin que esto se traduzca en respuestas para la sociedad. Mientras la salud pública y la educación en Misiones «van evolucionando» con innovación y tecnología, el Poder Judicial «todavía peleando para ver si podemos terminar de digitalizarlo». El reciente anuncio del presupuesto provincial, según López Forastier, «vuelve a ver los mismos errores de no inversión en materia informática», destinando menos del 1% de su presupuesto a tecnología y el 95% o 96% a recursos humanos.
Esta falta de inversión tecnológica y el crecimiento desmedido de personal sin una correlación en la eficiencia es un punto central de preocupación. «Nosotros tenemos un juez por cada 50.000 habitantes. Ellos tienen un juez cada 12.000 habitantes», ejemplificó López Forastier, comparando Misiones con Resistencia, que tiene 23 juzgados civiles y comerciales frente a los 8 de Posadas. Corrientes, por su parte, cuenta con 16 juzgados civiles y comerciales, y Chaco con 14 tribunales penales, mientras Misiones tiene solo 4. «Lo que nosotros proponemos es más juzgados, pero con menos personal, a través de la digitalización», afirmó rotundamente.
El presidente del Colegio aclaró que no están «en contra de los empleados judiciales», sino que consideran que el incremento de personal «ha perjudicado es a la ciudadanía, a los abogados y al personal mismo». Reveló que el Poder Judicial «duplicó la cantidad de personal en 10 años, duplicó la cantidad de su presupuesto y sin embargo sigue con los mismos problemas». Destacó además la falta de una carrera judicial y de evaluaciones, generando que empleados muy capacitados tengan «sueldos magros» en comparación con quienes tienen «muy poca capacitación».
Ante este panorama, el Colegio de Abogados mantiene una «relación madura» con el Superior Tribunal de Justicia, pero insiste en la necesidad de «transformaciones de fondo». Han propuesto la creación de una «ley ómnibus» o «ley de actualización y modernización judicial» que aborde todos los aspectos de la justicia, desde la tasa de justicia hasta los códigos de procedimiento.
Entre las reformas urgentes, López Forastier mencionó la necesidad de:
• Modernizar la tasa de justicia, que actualmente permite a las compañías de seguros pagar sobre capitales sin actualización.
• Digitalizar las notificaciones, eliminando el soporte papel que aún se utiliza ampliamente, lo que agiliza los procesos.
• Incorporar el juicio por jurados, contemplado en las constituciones nacional y provincial, y que ha demostrado gran interés social en simulacros.
• Implementar un sistema de flagrancia y la «disponibilidad de la acción» para delitos de menor cuantía, permitiendo soluciones rápidas y alternativas a la judicialización, un modelo ya aplicado en otros lugares.
• Crear «residencias formativas» para jóvenes profesionales dentro del Poder Judicial, sin incrementar la planta permanente, y evaluar al personal existente para optimizar su distribución y capacitación.
La designación de la Dra. Valeria Fiore, con su perfil orientado a la modernización y la resolución alternativa de conflictos, se presenta así como una «muy buena oportunidad para poner arriba de la mesa otra vez la discusión de rediscutir el sistema judicial», aunque el camino hacia una justicia misionera verdaderamente eficiente y moderna parece depender de reformas legislativas y una visión a largo plazo.