Garupá, Santo Pipó e Hipólito Yrigoyen serán los primeros puntos en habilitar los equipos que buscan reducir los accidentes en rutas nacionales y provinciales, especialmente aquellos que involucran a motociclistas.
El Consejo Provincial de Seguridad Vial ha confirmado que se están llevando a cabo los trabajos para la puesta en funcionamiento de trece nuevos radares de velocidad, que incluyen tanto equipos fijos como móviles, en diversos puntos estratégicos de Misiones. El objetivo principal de esta medida es reforzar el control vehicular y reducir los altos índices de siniestralidad que registra la provincia, donde los motociclistas están frecuentemente involucrados en los accidentes.
Juan Carlos Cuenca, titular del Consejo Provincial de Seguridad Vial, explicó en Radio News Misiones que la instalación de estos equipos fue previamente autorizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) hace aproximadamente un año y medio o dos, antes de que el organismo fuera disuelto y posteriormente restituido. Esta aprobación se otorgó tras completar la documentación necesaria, que incluyó planimetría y la identificación de «puntos negros» de alta peligrosidad.
Primeros puntos y proceso de homologación
Aunque se aprobaron 13 nuevos equipos, Cuenca precisó que tres de ellos son los que están actualmente en proceso de instalación y homologación: Garupá, Santo Pipó e Hipólito Yrigoyen .
Otras localidades que figuran entre los puntos elegidos para las futuras instalaciones son El Dorado, Alem, Salto Encantado, y Campo Grande, entre otras.
Para que un radar comience a funcionar, debe cumplir con un estricto protocolo:
1. Instalación del equipo.
2. Homologación por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la cual debe realizarse en el sitio donde opera el equipo.
3. Determinación y colocación de la cartelería y señalización correspondiente, conforme a la ley de tránsito.
Cuenca advirtió sobre la «fiebre» de quienes asumen que un equipo instalado ya está en funcionamiento, aunque no cuente con la homologación del INTI y la cartelería requerida.
Lugares estratégicos y respuesta comunitaria
El funcionario resaltó que la ubicación de los radares se define en sitios estratégicos tras estudios técnicos y consultas con las autoridades locales.
Como ejemplo de la necesidad de estos controles, se mencionó el caso de Santo Pipó, donde antes de la instalación del radar (que aún no funciona), se registraron tres siniestros fatales. La movilización de la comunidad tras esos accidentes, donde un colectivo atropelló a una moto que circulaba sin seguridad, impulsó la construcción de una calle colectora y, posteriormente, la solicitud del radar. Cuenca destacó que desde aquel accidente, y a pesar de que el radar aún no está operativo, no se han registrado más incidentes graves en ese lugar específico.
Desafíos: Vandalismo y demoras en notificaciones
Cuenca abordó varios problemas operativos y de conducta ciudadana:
• Vandalismo: Recordó que la destrucción de señales viales constituye un delito. El Consejo Provincial de Seguridad Vial radicará denuncias penales tras la rotura de carteles en Gobernador Roca, asegurando que tienen las fotos de los responsables para proceder legalmente.
• Notificación de multas: Reconoció que hay fallas en la comunicación y que muchos conductores se enteran de las infracciones solo al momento de renovar su licencia. Explicó que el problema principal no es la falta de personal, sino la conectividad, que a veces impide mostrar la imagen del exceso de velocidad al infractor de inmediato. Sin embargo, esta situación se está mejorando con el uso de drones y una mejor infraestructura.
• Descargos: Informó que la ley establece un margen de tolerancia entre la medición del radar y el tacómetro del vehículo, y las diferencias pueden ser impugnadas ante la Unidad Administrativa de Control de Infracciones (UACI).
El enfoque en la educación vial
Frente a la crítica de que estas decisiones tienen fines meramente recaudatorios, Cuenca fue enfático: «Si nadie comete infracciones, nadie va a cobrar nada». Argumentó que la multa es la pena por cometer una infracción.
El presidente del Consejo también subrayó el desafío que representa el crecimiento en el uso de motocicletas por motivos económicos, destacando que constituyen el 75% de los siniestros viales en la provincia.
Como parte de las acciones de prevención, el Consejo ha estado realizando capacitaciones en educación vial en escuelas primarias y secundarias. Además, se ofrecerán clases gratuitas de conducción segura de motos en los próximos días, con instructores formados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta iniciativa busca colaborar en la conducción eficiente y segura, crucial para un tipo de vehículo tan involucrado en siniestros.