El gobernador Hugo Passalacqua instruyó a la Fiscalía de Estado a presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema, tras la denuncia del vicegobernador Lucas Romero Spinelli, para frenar auditorías irregulares de la ANDIS y restablecer el pago de pensiones no contributivas.
El gobernador Hugo Passalacqua instruyó a la Fiscalía de Estado a iniciar una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El expediente, registrado bajo el número 2128/2025, quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El recurso pide el restablecimiento inmediato de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios conexos, suspendidos desde marzo de este año. También reclama el pago de retroactivos adeudados y la nulidad de las auditorías consideradas irregulares que se llevaron adelante en la provincia.
La denuncia del vicegobernador Romero Spinelli
La decisión política tiene un antecedente directo: la denuncia realizada por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli. Desde su rol como titular del Consejo Provincial de Discapacidad, Spinelli alertó sobre las irregularidades cometidas por la ANDIS en Misiones, donde se registraron auditorías sin notificación adecuada, plazos imposibles de cumplir, y un trato considerado indigno hacia los beneficiarios.
“El procedimiento de la ANDIS no garantiza ni transparencia ni respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”, había advertido Spinelli en reuniones previas con las autoridades provinciales.
El contenido del amparo
El escrito, firmado por el fiscal de Estado Fidel Eduardo Duarte y sus colaboradores, se apoya en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que habilita el recurso de amparo ante la afectación de derechos fundamentales.
La presentación reclama:
- Restablecer de inmediato el pago de las pensiones suspendidas.
- Ordenar el pago de los retroactivos adeudados.
- Declarar la nulidad de auditorías y procedimientos implementados por la ANDIS en Misiones.
- Garantizar un proceso de control transparente y accesible.
- Adoptar medidas urgentes para proteger la dignidad de las personas con discapacidad.
- Además, se solicita una medida cautelar innovativa para que los pagos se restituyan sin esperar la resolución definitiva del juicio.
Los argumentos centrales
El recurso denuncia que las auditorías impulsadas por la ANDIS se realizaron con irregularidades graves:
- Criterios arbitrarios y dispares en las evaluaciones.
- Falta de notificación previa y plazos exiguos.
- Beneficiarios obligados a trasladarse largas distancias sin apoyos adecuados.
- Suspensión masiva de pensiones sin garantías de defensa.
Para la provincia, estas prácticas constituyen un retroceso en materia de derechos sociales, prohibido por el principio de no regresividad consagrado en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Escándalos recientes
El texto judicial también incorpora hechos notorios. Entre ellos, el caso revelado en Misiones por el diario Clarín: auditorías realizadas en San Ignacio donde se utilizó un sello falsificado del médico cardiólogo Leandro Peñaloza, de Pergamino.
Cientos de pensionados fueron atendidos en un restaurante abandonado, sin presencia de profesionales habilitados, y recibieron constancias firmadas con una rúbrica falsificada. El propio Peñaloza negó cualquier vínculo con la ANDIS y denunció penalmente el uso indebido de su nombre.
Esta presentación tiene además un contexto insoslayable: una Agencia Nacional de Discapacidad intervenida luego de una sucesión de escándalos motivados por audios de su extitular, Diego Spagnuolo, haciendo referencia a supuestos procedimientos e los cuales altos funcionarios de la administración Milei estarían implicados en el pedido de coimas.
Derechos vulnerados
El recurso enumera una serie de derechos constitucionales y convencionales lesionados:
- Derecho a la salud y a la vida (artículos 14 bis y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional).
- Derecho a la seguridad social.
- Derecho a la dignidad y a la no discriminación, establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales.
El escrito sostiene que la suspensión de pensiones alimentarias a personas con discapacidad constituye un daño grave, actual e irreparable que solo puede ser reparado mediante una acción de amparo.
Federalismo y conflicto institucional
Otro de los ejes de la presentación es el impacto en la relación Nación-Provincias. La Fiscalía de Estado advierte que la medida del Gobierno nacional afecta la buena fe y la lealtad federal, al imponer decisiones intempestivas que lesionan a un sector vulnerable de la sociedad misionera.
En este sentido, el planteo encuadra como un conflicto institucional en el marco del federalismo de concertación, donde la Nación y las provincias deben coordinar políticas sin imponer medidas unilaterales que perjudiquen a los ciudadanos.
La defensa de quienes más necesitan
El recurso presentado concluye con una solicitud clara: que la Corte Suprema ordene el restablecimiento inmediato y permanente de las pensiones suspendidas, disponga el pago de retroactivos y declare la nulidad de las auditorías irregulares.
En palabras del escrito: “Se adopten medidas urgentes para garantizar la continuidad de las prestaciones, la transparencia del proceso y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”.
La acción judicial refleja un frente político consolidado en Misiones. El gobernador Passalacqua, el vicegobernador Spinelli y el Consejo Provincial de Discapacidad se muestran alineados en la defensa de los sectores más vulnerables.
Mientras tanto, cientos de beneficiarios aguardan una resolución que les devuelva su único ingreso. La Corte Suprema tendrá ahora la responsabilidad de definir si el planteo prospera y si el Estado nacional debe retrotraer sus decisiones.