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<\/figure>\n\n\n\nLa controversia estall\u00f3 esta semana durante el debate en la Comisi\u00f3n de Discapacidad de la C\u00e1mara de Diputados de la Naci\u00f3n, adonde acudieron representantes de diversas provincias invitados por los legisladores nacionales por Misiones, Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruiz. El objetivo inicial de la reuni\u00f3n era exigir la prorrogaci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, norma que ya hab\u00eda sido judicializada y respaldada por fallos judiciales que obligan al Estado nacional a cumplirla.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, al inicio del encuentro, las entidades se anoticiaron de una nueva maniobra parlamentaria: la inclusi\u00f3n expl\u00edcita de la derogaci\u00f3n de esos art\u00edculos protegidos dentro del articulado del presupuesto nacional.<\/p>\n\n\n\n
\u00abNos despierta mucha preocupaci\u00f3n e incertidumbre. Nos volvemos a encontrar con que el Gobierno nacional, por medio del Presupuesto, busca quitar los mismos puntos que intent\u00f3 dar de baja desde el primer d\u00eda. Es un nuevo avasallamiento contra los derechos de las personas con discapacidad\u00bb, declar\u00f3 Tatiana Ant\u00fanez, representante del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones.<\/p>\n\n\n\n
Fin del Nomenclador \u00danico y mercantilizaci\u00f3n de las prestaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n Entre las modificaciones m\u00e1s gravosas impulsadas por el Ejecutivo figura la eliminaci\u00f3n del Nomenclador \u00danico de Prestaciones B\u00e1sicas<\/strong>, la herramienta legal que unifica el valor de las pr\u00e1cticas y garantiza que las obras sociales y prepagas otorguen coberturas de calidad equitativa a lo largo de todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Al quitar este piso regulatorio, la cobertura queda librada a la negociaci\u00f3n individual entre prestadoras de salud y profesionales, obligando en la pr\u00e1ctica a que los afiliados paguen diferencias o co-pagos desmedidos.<\/p>\n\n\n\n \u00abEsto pasa a mercantilizar la salud totalmente\u00bb, grafic\u00f3 Ant\u00fanez. Y enfatiz\u00f3 la gravedad de la medida: \u00abEl sistema de discapacidad, todo como lo conocemos hoy, va a dejar de existir\u00bb<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La funcionaria sostuvo que hoy en d\u00eda cualquier tratamiento multidisciplinario para un ni\u00f1o con autismo o trastornos del lenguaje \u2014que requiere sesiones semanales con psicopedagogos, fonoaudi\u00f3logos y educadores especiales\u2014 implica un costo mensual que oscila entre los $200.000, $300.000 y hasta $600.000. \u00abSon cifras que superan el salario promedio de una familia. Si la obra social no lo cubre totalmente, se vuelve impagable\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Incompatibilidad de pensiones y moras administrativas<\/strong><\/p>\n\n\n\n El paquete de reformas enviado al Congreso tambi\u00e9n busca restituir criterios de incompatibilidad entre ingresos familiares y el cobro de la Pensi\u00f3n No Contributiva por Discapacidad<\/strong>, desarmando los avances contemplados en la ley de emergencia.<\/p>\n\n\n\n Esta situaci\u00f3n se suma a un panorama previo caracterizado por graves atrasos en la liquidaci\u00f3n de fondos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Seg\u00fan los testimonios vertidos en la comisi\u00f3n, existen moras de m\u00e1s de cinco meses en los pagos a prestadores, falta de entrega de medicamentos de alta complejidad y pacientes de PAMI que llevan hasta dos a\u00f1os esperando la entrega de una silla de ruedas o equipamiento t\u00e9cnico.<\/p>\n\n\n\n A su vez, Ant\u00fanez denunci\u00f3 la subejecuci\u00f3n de los programas del Fondo Nacional de Discapacidad (FONDIS, financiado por la Ley de Cheques): \u00abSon fondos espec\u00edficos asignados por ley que no pueden ser desviados. Se aprobaron en junio, deb\u00edan lanzarse en agosto y hasta ahora no hay novedades sobre su destino\u00bb.<\/p>\n\n\n\n El impacto fiscal en las provincias: el caso Misiones<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ante la retracci\u00f3n de la cobertura nacional, son las administraciones provinciales las que deben absorber las partidas presupuestarias para evitar la interrupci\u00f3n de servicios vitales.<\/p>\n\n\n\n A modo de ejemplo, Ant\u00fanez detall\u00f3 el ahogamiento financiero que atraviesa el programa Incluir Salud<\/strong> en la provincia de Misiones: \u00abNaci\u00f3n env\u00eda mensualmente un presupuesto de 50 millones de pesos para di\u00e1lisis, cuando el costo real mensual asciende a 200 millones de pesos. Esto significa que la provincia debe aportar 150 millones de pesos de recursos propios cada mes para sostener \u00fanicamente los tratamientos de di\u00e1lisis, adem\u00e1s de medicamentos y atenciones b\u00e1sicas que Naci\u00f3n dej\u00f3 de cubrir\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, las organizaciones nucleadas en el Consejo Federal de Discapacidad anticiparon que emitir\u00e1n un pronunciamiento conjunto exigiendo la convocatoria urgente a asambleas federales y la restituci\u00f3n plena de las normativas vigentes. \u00abPese a este escenario, vimos que hay una gran cantidad de legisladores que no est\u00e1n dispuestos a votar este retroceso, lo que nos da una se\u00f1al de esperanza para defender nuestros derechos\u00bb, concluy\u00f3 Ant\u00fanez.<\/p>\n\n\n\n