Un informe técnico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalla el crítico panorama de las casas de estudio. La pérdida del poder adquisitivo docente supera el 34% y la gran mayoría de los salarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza e indigencia.
El sistema universitario nacional atraviesa una crisis de financiamiento sin precedentes recientes. Según el último relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto destinado al Programa «Desarrollo de la Educación Superior» sufrió una reducción drástica que pone en jaque la continuidad de las funciones básicas de las instituciones. El informe advierte que la brecha entre la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso y la propuesta actual del Gobierno Nacional consolida un ahorro fiscal a costa de los salarios y los gastos de funcionamiento.
El laberinto legal del financiamiento
El conflicto escaló luego de que la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso en 2025, fuera bloqueada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 759/2025. A pesar de que la Justicia ordenó en diciembre pasado cumplir con la normativa, el Gobierno envió en febrero de 2026 un proyecto para modificarla y limitar los aumentos previstos.
Desde el CEPA, los analistas señalan que el presupuesto vigente para 2026, proyectado en $4,87 billones, representa una caída real acumulada del 41,6% respecto de 2023. Si se hubiera aplicado la ley original, el presupuesto debería alcanzar los $8,49 billones, permitiendo una recuperación del nivel operativo previo al inicio de la actual gestión. En contraste, el proyecto oficial de $5,51 billones implica que las universidades funcionarán con un 35,1% menos de recursos de los que les corresponderían por ley.
Salarios en caída libre y docentes pobres
La situación del personal es aún más alarmante. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el salario real de los trabajadores universitarios se desplomó un 34,2%. La mayor parte de este deterioro ocurrió durante el primer semestre de 2024, cuando la inflación acumulada del 134,6% pulverizó los incrementos salariales del 80,4%.
Los datos de marzo de 2026 son elocuentes respecto a la precarización: con una Canasta Básica Total (CBT) de $1.434.464, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva logran superar la línea de pobreza, y lo hacen por un margen mínimo de apenas $121.370. El resto de los cargos exclusivos, y la totalidad de los docentes con dedicación semi-exclusiva y simple, perciben haberes que no cubren las necesidades básicas.
Más grave aún es el panorama de la indigencia. En el caso de los docentes con dedicación simple, el informe del CEPA confirma que todos los niveles se encuentran por debajo de la línea de indigencia, situada en $658.011 para ese mismo periodo.
Una propuesta oficial que profundiza el deterioro
El esquema de recomposición propuesto por el Gobierno Nacional establece aumentos escalonados del 4,1% en marzo, junio y septiembre de 2026, sumando un total del 12,3% anual. Sin embargo, los técnicos del CEPA explican que este plan ignora deliberadamente el ajuste del 24,4% sufrido en 2024 y resulta insuficiente frente a la inflación proyectada.
Para septiembre de 2026, se estima que la inflación acumulada llegará al 23,6%, lo que dejaría a los salarios 11,3 puntos porcentuales por detrás de la suba de precios del año. Lejos de ser una mejora, este esquema consolidaría una nueva caída del salario real, profundizando una brecha histórica. Un ejemplo gráfico es el de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP): mientras que en 2015 su sueldo equivalía a $1.187.482 actuales, con el proyecto oficial pasará a cobrar apenas $547.748, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo del 53,9%.