El ministro Roberto Padilla explicó los alcances del Decreto 776, que abarca desde el gobernador hasta directores de entes autárquicos. La medida, pionera en el país, apunta a la transparencia y la prevención de consumos problemáticos en quienes ocupan cargos con poder de decisión.
En el marco del «Año de la Prevención de las Adicciones», la provincia de Misiones se posiciona como la primera en Argentina en implementar la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para la función pública. El Decreto 776, publicado el pasado 8 de mayo, establece un plazo de 90 días hábiles para iniciar un proceso que busca no solo el control, sino también ofrecer contención a quienes atraviesan situaciones de consumo.
En una entrevista detallada, Roberto Padilla, Ministro de Prevención de Adicciones de Misiones, brindó precisiones sobre cómo se aplicará la normativa y qué sucederá con los funcionarios que no superen las pruebas.
Alcance y transparencia del proceso
El decreto tiene un alcance jerárquico total dentro del Poder Ejecutivo. Según explicó Padilla, la medida incluye al «gobernador, vicegobernador, autoridades superiores, administración central y miembros directores de entes autárquicos».
Para garantizar la legitimidad y transparencia de los testeos, el Ministerio de Salud Pública —órgano de aplicación— convocará a un comité especial. «Se convocará al Colegio de Médicos y al Colegio de Bioquímicos de la provincia de Misiones, a fin de que estas instituciones garanticen la transparencia como auditoría externa», señaló el ministro.
Protocolo ante casos positivos
Uno de los puntos que más interés despierta es el destino de los funcionarios que den positivo en el examen. Padilla aclaró que el enfoque es humano y preventivo: «Esa persona tiene el derecho a pedir una contraprueba». Si el resultado se confirma, se analizará la situación particular para determinar el recorrido de ayuda necesario.
«Entendemos que muchas veces está la negación del problema y quizás en esta oportunidad lo que se está buscando es facilitar una posibilidad a la búsqueda de la ayuda», afirmó Padilla. El ministro enfatizó que se pondrán a disposición todos los espacios de la Secretaría, como los puntos preventivos y centros de tratamiento complejo, aunque advirtió que «si esa persona no aceptaba la ayuda, seguramente se tomarán las medidas que se tengan que tomar» en relación con su cargo.
Una política de Estado frente a las críticas
Ante los cuestionamientos de la oposición sobre un posible uso político de la medida, Padilla fue tajante al asegurar que no se busca un rédito electoral. «Las adicciones no distinguen partidos políticos, no distinguen religión, no distinguen posicionamientos sociales o situación económica», subrayó.
El funcionario recordó que esta iniciativa es la continuación de una línea de trabajo que comenzó con la creación de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones en 2020 y que hoy profundiza el gobernador Hugo Passalacqua. «No es una decisión política para sacar un rédito, tiene que ver con políticas públicas que venimos haciendo hace muchísimo tiempo», aclaró.
Invitación a otros poderes
Aunque el decreto rige estrictamente para el Poder Ejecutivo, el artículo 12 de la norma invita formalmente a los poderes Legislativo y Judicial a adherirse.
Padilla destacó que mantienen un vínculo estrecho de trabajo con jueces y legisladores, por lo que confía en una buena recepción de la propuesta. «El gobernador hizo extensiva esa invitación… como cada poder es independiente, deberá tomar la decisión el poder que corresponda», concluyó el ministro.