El Capítulo Argentina del COPAJU se sumó al comunicado de los sacerdotes villeros. Denuncian una «lógica del descarte» que convierte a los pobres en enemigos y exigen al Gobierno porteño que cese la violencia institucional y retome las obras de infraestructura.
En una contundente declaración institucional emitida este 26 de junio, el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU Argentina) manifestó su adhesión plena al reclamo de los curas villeros de la Ciudad de Buenos Aires. El organismo, inspirado por el Papa Francisco, advirtió sobre el crecimiento de discursos de odio y reclamó políticas de integración frente a lo que consideran un «desprestigio sistemático» hacia los sectores más vulnerables.
César Raúl Jiménez, Coordinador de COPAJU Capítulo Argentina, fue el encargado de refrendar la postura del comité, subrayando que el Poder Judicial debe ser el «último resguardo contra la vulneración de derechos».
El rechazo al «odio de clase»
El documento surge con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico, pero pone el foco en la situación social de las villas y asentamientos. Desde el comité, denuncian prácticas que no consideran aisladas, sino parte de un discurso que «revierte la pobreza en amenaza y a los pobres en enemigos».
«Compartimos el repudio al hostigamiento institucional contra los vecinos y vecinas de los barrios populares», afirmó Jiménez a través de la declaración oficial. El magistrado citó ejemplos concretos de esta situación: «El secuestro de carros a cartoneros, la confiscación de mercadería a vendedores ambulantes, la denigración a personas en situación de calle y el desprestigio a quienes se organizan para dar comida».
Para el COPAJU, estos discursos «no son inocentes», ya que alimentan la violencia y «siembran odio donde la Constitución Nacional exige integración, dignidad y protección».
La influencia del Papa Francisco
La declaración se fundamenta en la doctrina franciscana para criticar el modelo económico actual. Citando directamente al Sumo Pontífice, el documento señala: «El principal problema ético de este capitalismo es la creación de descartados para después tratar de esconderlos».
En este sentido, César Raúl Jiménez fue enfático al sostener que los magistrados no pueden ser «cómplices de ese ocultamiento». Advirtió que, sin políticas equitativas que afiancen la justicia social, la alternativa es la desolación: «O es la armonía de la justicia social o es la violencia después de la desolación», sentenció citando la enseñanza pontificia.
Un llamado urgente a las autoridades
El COPAJU Argentina no solo se limitó al diagnóstico, sino que realizó un llamado directo a las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instándolas a cumplir con cuatro puntos fundamentales:
- Cese inmediato del hostigamiento: Terminar con toda práctica de violencia o denigración hacia cartoneros, vendedores ambulantes y personas en situación de calle.
- Fin de la estigmatización: Evitar discursos públicos que promuevan una «mirada de clase y de odio» hacia los vulnerables.
- Mesas de diálogo: Abrir espacios de negociación con la sociedad civil y las comunidades afectadas.
- Infraestructura urbana: Retomar el financiamiento de las obras en barrios populares, derecho ya reconocido por la legislación vigente.
«Ninguna persona sin dignidad»
Hacia el final de la declaración, Jiménez reafirmó el compromiso del comité con la defensa de los derechos constitucionales, asegurando que los habitantes de las villas son «titulares plenos de derechos» que el Estado debe garantizar.
«Estamos aquí para que el deber ser pase a ser. Para que la justicia no quede en las páginas de los tratados, sino que se encarne en la vida de los más descartados», concluyó el coordinador del COPAJU, bajo la consigna: «¡Ninguna persona sin dignidad! ¡Ninguna persona sin esperanza!».