En una entrevista, el abogado de la familia querellante, Rafael Pereyra Pigerl, detalla las claves del histórico operativo que desarticuló una red de encubrimiento tras 18 años de impunidad. La tipificación del «delito continuado», las torturas dentro de la comisaría de Dos de Mayo y la esperanza de que la verdad quiebre la complicidad institucional en Misiones.
POSADAS. El lunes 10 de agosto de 2026 quedó marcado como un día histórico para la justicia en la provincia de Misiones. Tras casi dos décadas de impunidad, un masivo operativo de Gendarmería Nacional derivó en la detención de 16 policías y ex policías acusados de participar en el secuestro, tortura y desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, un joven agricultor de 27 años visto por última vez en marzo de 2008. En diálogo con este medio, el doctor Rafael Pereyra Pigerl, abogado de la familia de la víctima y especialista en juicios de lesa humanidad, analizó el avance de la causa federal y advirtió sobre el «pacto de silencio institucional» que encubrió el crimen : «Hicieron lo necesario y no cumplieron los deberes de denunciar para mantener oculto este hecho».
El megaoperativo que sacudió a la provincia
El histórico despliegue, que incluyó una veintena de allanamientos simultáneos en Oberá, Posadas y Dos de Mayo, fue ordenado por la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, a pedido de la fiscal de la Fiscalía Federal N°2, Silvana Flavia Gutiérrez. La medida culminó con la detención de 16 de los 17 imputados en la causa, quedando únicamente un sospechoso prófugo.
Para Pereyra Pigerl, este avance procesal representa la culminación de un minucioso trabajo técnico. «Hay un gran despliegue de trabajo técnico con gran calidad profesional y expertiz desde que hicimos la denuncia y nos presentamos como querella en el 2021», destacó el abogado, elogiando la labor del equipo fiscal y de la Gendarmería Nacional. El dictamen de imputación, que cuenta con más de 150 páginas, se apoya en un robusto plexo probatorio que incluye pruebas testimoniales, documentales, periciales e incluso escuchas telefónicas.
Entre los detenidos más comprometidos figura Ewaldo Katz, el comisario retirado que se desempeñaba como titular de la comisaría de Dos de Mayo la noche en que Golemba fue desaparecido. «Entendemos que está probado para la etapa procesal oportuna, con grandes elementos de valoración, la participación criminal de estas personas», remarcó el letrado querellante. Además del ex comisario, entre los capturados se encuentran dos mujeres policías que aún continuaban en actividad y dos ex oficiales con condenas previas por otros delitos.
El horror dentro de la comisaría de Dos de Mayo
La reconstrucción judicial del caso describe una secuencia estremecedora [9, 10]. El 27 de marzo de 2008, Mario Fabián Golemba salió de su hogar en Picada Indumar con destino a Oberá y nunca regresó [9]. Según la hipótesis que maneja la Justicia y la querella, policías de la provincia utilizaron la estructura oficial de la comisaría de Dos de Mayo para detener de manera ilegal al joven, someterlo a tormentos físicos y luego hacerlo desaparecer.
«Lo ingresan a golpes a la comisaría de Dos de Mayo, no lo registran, lo siguen torturando y lo sacan desvanecido en una camioneta oficial», relató Pereyra Pigerl sobre la primera secuencia de aquella noche fatídica. Un testimonio clave en el expediente proviene de otros detenidos alojados esa misma noche en la dependencia policial, quienes declararon haber escuchado gritos de dolor, golpes y pedidos desesperados de auxilio de parte de un joven cuyas características coinciden con Golemba.
Pistas falsas, aprietes y un «delito continuado»
Una de las mayores revelaciones de la investigación es el sofisticado plan de encubrimiento diseñado por los efectivos implicados. Pereyra Pigerl explicó de manera categórica cómo funcionó este esquema de impunidad: «La fiscal lo da de forma clara en su dictamen: todo lo que tuvieron que hacer para desviar la investigación incluyó sumarios paralelos, apriete a testigos para que declararan otras cuestiones, colocación de pistas falsas y hasta la utilización del celular de la víctima para desviar el foco de la comisaría».
Al ser consultado sobre la tipificación legal del hecho, el abogado diferenció con firmeza este caso de un homicidio común. «Acá el único que puede cometer la desaparición forzada es alguna fuerza de seguridad o un organismo estatal. Este es el más grave de los delitos cometidos en democracia y cometido por el Estado», aseveró.
En esa misma línea, aclaró por qué los procesados no enfrentan un simple cargo de encubrimiento: «Acá no estamos hablando de encubrimiento porque el delito se sigue cometiendo hoy; es un delito continuado. Al no encontrarse sus restos y producirse estos ocultamientos, todos los que participaron y no denunciaron siendo funcionarios públicos participan en la comisión de la desaparición forzada».
La memoria de Antonio Golemba y la esperanza de la familia
Detrás del expediente técnico late la dolorosa historia de una familia destruida por la violencia estatal. Mario Golemba fue recordado por su abogado como «un muchacho de la colonia, laburante, excelente, un chico común misionero rural, muy apegado a su novia y a su familia». Su padre, Antonio Golemba, falleció sin conocer el paradero de su hijo. «Antonio no supo la verdad. Fue muy doloroso; él falleció pidiendo conocer la verdad y que se haga justicia», recordó con profunda emoción el entrevistado.
Actualmente, Irma Comba (madre de Mario) y su hermano Jeser Golemba continúan el reclamo de justicia y la incansable búsqueda de los restos. Ante el inicio de las indagatorias a los detenidos, la querella mantiene la esperanza de romper definitivamente el muro de silencio: «Para nosotros sería muy importante que se rompa ese pacto de silencio en la indagatoria, que algunos quieran contar la verdad».
«Aunque haya pasado mucho tiempo, la justicia cuando llega siempre es satisfactoria, o cuando llega primero la verdad y después la justicia», concluyó Pereyra Pigerl, destacando que este proceso constituye el caso más emblemático en materia de derechos humanos y violencia institucional en Misiones desde el retorno de la democracia.