El gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto N.º 1751/26 ante el impacto del sobreendeudamiento y la morosidad nacional. La medida reduce el tope de deducciones, impone límites a las tasas de interés y exige estricta transparencia a las entidades financieras.
Frente al incremento sostenido de la morosidad y las crecientes dificultades económicas que atraviesan las familias argentinas, la provincia de Misiones dispuso un endurecimiento en los límites de endeudamiento para los estatales y pasivos provinciales. A través del Decreto N.º 1751/26, el Poder Ejecutivo provincial fijó en un 30% el tope máximo para los descuentos voluntarios sobre los haberes de los trabajadores públicos y jubilados, al tiempo que estableció parámetros estrictos para frenar los costos financieros de los préstamos.
Un freno al sobreendeudamiento en un contexto crítico
La medida busca resguardar la liquidez de los salarios de la administración pública —incluidos los sectores de salud, educación y seguridad— así como de los jubilados provinciales. Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) citados en la normativa, la morosidad en el crédito alcanzó un 12,7%. Ante este escenario, la gobernación decidió profundizar el esquema de contención previa, que ya había reducido los descuentos a un límite inicial del 39%.
Al argumentar la decisión, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, vinculó de forma directa la medida con el contexto económico del país:
“En el país la cosa no está fácil, lo sabemos todos. Por eso tomé la decisión, vía un decreto, para aquellas personas que van a tomar un crédito porque están sobreendeudadas con la situación”.
El mandatario provincial remarcó los objetivos centrales de la regulación sobre el costo del dinero y la transparencia precontractual:
“La tasa de interés, a la mitad. Además, avisarle antes al usuario de cuánto va a ser ese descuento para que su vida sea previsible”.
En ese sentido, Hugo Passalacqua precisó los destinatarios de la iniciativa y resumió el espíritu de la norma:
“Me estoy refiriendo a los agentes de seguridad, de la educación pública, de la salud pública, etcétera. Todo lo hacemos en salvaguarda del bolsillo de la querida familia misionera”.
Topes a las tasas de interés y control al costo financiero real
El nuevo régimen impacta de manera directa sobre los préstamos, mutuos y financiaciones gestionados a través del Centro Único de Administración de Descuentos (C.U.A.D.). A partir de la promulgación del decreto, la Tasa Nominal Anual (T.N.A.) máxima no podrá superar el promedio mensual publicado por el BCRA para préstamos personales correspondiente al mes anterior al otorgamiento del crédito.
Asimismo, la normativa establece un techo para el Costo Financiero Total (C.F.T.), el cual no podrá exceder en más de un 40% a la T.N.A. de referencia. Para evitar recargos o comisiones encubiertas, el cálculo del C.F.T. deberá incluir obligatoriamente:
- Intereses compensatorios.
- Impuestos (incluido el IVA cuando aplique).
- Comisiones y gastos administrativos.
- Seguros y cualquier otro cargo asociado directo o indirectamente.
Las entidades financieras tienen prohibido exigir cualquier suma o gasto adicional que no haya sido detallado dentro del C.F.T. informado al momento del acuerdo.
Transparencia precontractual y reestructuración de deudas vigentes
En materia de control, las entidades financieras deberán suministrar al solicitante, de forma clara y antes de la firma, el monto del capital a recibir, el número y valor de las cuotas, el C.F.T. y el monto total a devolver. Además, estarán obligadas a presentar declaraciones juradas mensuales ante el C.U.A.D. con el detalle de las condiciones aplicadas. En caso de incumplimiento, la Provincia podrá aplicar la suspensión del código de descuento de la entidad infractora.
Para aquellos créditos celebrados con anterioridad a la norma, el decreto contempla que las entidades y los agentes estatales acuerden esquemas de refinanciación o reestructuración. Este proceso se realizará mediante la extensión de los plazos sin generar condiciones más gravosas para los deudores, con la meta de adecuar las cuotas mensuales al nuevo límite máximo del 30% del haber neto.