Javier Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentaban los ingresos para jubilados, recomponía la moratoria previsional y establecía la emergencia en discapacidad. Este lunes fue publicado mediante el Decreto 534/2025 en el Boletín Oficial.
Con una votación de 52 apoyos y 4 abstenciones, el Senado estableció en julio un aumento único de 7,2% a las jubilaciones en todos los niveles, un incremento del bono previsional mensual a $110.000 (era de $70.000) y la recomposición de la moratoria previsional, que venció en marzo de este año, dejando sin herramientas para jubilarse a los trabajadores mayores de 65 años pero sin tres décadas de aportes.
Por su parte, el Presidente de la Nación vetó la declaración de la emergencia para discapacidad, que garantizaba fondos hasta diciembre del 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.
Los argumentos del veto de Javier Milei
El Gobierno fue contundente en su rechazo, basándose en dos ejes principales:
Costo fiscal «exorbitante»
El decreto afirma que los tres proyectos en conjunto implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones de pesos en 2026. Sostienen que esto equivale a casi el 1% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que «dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales» y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que califican como «innegociable».
Vicios en el procedimiento legislativo
El Ejecutivo también argumentó que el proceso de aprobación en el Senado estuvo «viciado por graves nulidades». Señalan que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con una mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una «ilegítima interpretación del Reglamento».
Tras el veto, la discusión volverá ahora al Congreso, donde la oposición necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para poder insistir y convertir en ley los proyectos rechazados por el Presidente.