La Corte Suprema ratificó la obligación del Poder Ejecutivo de pagar salarios y actualizar becas estudiantiles. Hernán Cazzaniga, de UDUM, advirtió que los docentes perdieron el equivalente a un año de ingresos frente a la inflación.
En un revés judicial para la política de ajuste del Gobierno nacional, la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con el financiamiento de las universidades nacionales. La medida ratifica los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento universitario, enfocados específicamente en la protección de los salarios de docentes y no docentes, así como en la actualización de las becas estudiantiles.
El alcance del fallo judicial
La decisión del máximo tribunal se dio tras desestimar una recusación contra los jueces que también ejercen la docencia, un argumento que buscaba apartarlos de la causa. Al respecto, Hernán Cazzaniga, referente de la Unión de Docentes Universitarios de Misiones (UDUM), explicó que esta resolución convalida lo establecido previamente por la Cámara Federal: “Es obligar al Poder Ejecutivo a que cumpla con lo referido al pago de salarios y la actualización de las becas, temas de urgencia porque atañen a derechos alimentarios”.
Cazzaniga destacó que la ley es «inobjetable» en su constitucionalidad, habiendo sido ratificada por el Congreso incluso después de los vetos presidenciales. Según el dirigente, este fallo marca un rumbo claro en la protección de la educación pública.
“Nos robaron un año de ingresos”
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el análisis del deterioro salarial en el sector. Cazzaniga denunció que, debido a la brecha entre la inflación y los aumentos unilaterales del Gobierno, el impacto económico ha sido devastador para los trabajadores universitarios.
“En el acumulado de estos dos años y medio, los docentes hemos perdido 13 sueldos; es decir, nos robaron un año de nuestros ingresos”, sentenció el entrevistado. Esta pérdida de poder adquisitivo es lo que ha motorizado las masivas movilizaciones en todo el país durante 2024.
La legitimidad de las calles
Para el referente de UDUM, el resultado judicial no es ajeno al clima social. Cazzaniga vinculó directamente el fallo de la Corte con las marchas multitudinarias en defensa de la universidad pública.
“El Poder Judicial también lee con lectura política sus fallos. Sabe lo que está en juego: un valor que la sociedad sigue sosteniendo, que es la educación pública”, afirmó. Según su visión, la presión social fue clave para que tanto legisladores como jueces comprendieran la legitimidad del reclamo universitario.
Acuerdo parcial y un segundo semestre en alerta
Si bien recientemente se logró un acuerdo paritario que permitió actualizar los salarios a niveles de noviembre de 2024 (con un incremento del 24%), Cazzaniga advirtió que la deuda sigue siendo importante.
- Deuda pendiente: Aún resta recuperar un 31% del poder adquisitivo para que se cumpla plenamente lo establecido por la ley.
- Paritarias: El acuerdo permitió reabrir la instancia de negociación que el Gobierno negaba anteriormente.
- Conflicto en puerta: De cara a la segunda mitad del año, el dirigente no descartó nuevas medidas de fuerza. “Va a depender de la voluntad del Gobierno para dar soluciones. Si no asume la responsabilidad de cumplir la ley, seguramente será un semestre con más conflicto”, concluyó.