El titular de la Conferencia Episcopal reclamó una respuesta oficial ante el endeudamiento récord de las familias, mientras el Gobierno insiste en no intervenir
Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cuestionó la postura del Gobierno nacional frente al aumento de la morosidad familiar y reclamó fijar criterios claros para la toma de deudas. Su reclamo llega en medio de una fuerte discusión política: la oposición convocó a una sesión especial en Diputados para el 9 de septiembre, mientras el oficialismo intenta ganar tiempo con una reunión de comisión previa. Los números oficiales confirman el diagnóstico: casi 6 millones de argentinos están en situación irregular.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, advirtió sobre el nivel de endeudamiento de las familias argentinas y le exigió al Gobierno nacional una intervención concreta. En diálogo con Radio Mitre Mendoza, el arzobispo cuestionó que las autoridades sigan mirando la problemática «con superficialidad» y reclamó pautas claras para regular la toma de créditos, en un contexto en el que la mora ya alcanza a millones de hogares.
«No se puede tener una mirada superficial»
Colombo fue categórico al rechazar la inacción del Estado frente al problema. «Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: no nos interesa o que se arreglen», afirmó el titular de la CEA, en un mensaje dirigido directamente a la posición que viene sosteniendo la Casa Rosada.
El religioso explicó que, detrás de buena parte del endeudamiento, no hay gastos prescindibles sino familias que recurren al crédito para llegar a fin de mes y cubrir necesidades cotidianas. Por eso, insistió en que no se trata de un asunto del que el Estado pueda desentenderse.
El pedido concreto: poner límites a las deudas
El arzobispo planteó la necesidad de establecer pautas más claras al momento de asumir compromisos financieros, incluyendo la posibilidad de discutir qué proporción del sueldo de una persona puede quedar comprometida en el pago de deudas.
«Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar», sostuvo Colombo.
El titular de la CEA también diferenció entre los distintos tipos de endeudamiento que afectan a los hogares. «Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa», explicó.
El paralelismo con la ludopatía online
Colombo trazó una comparación con otra problemática que la Iglesia ya había denunciado públicamente: la adicción al juego online. «Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas», señaló, en referencia al rol que juegan hoy las fintech y los medios de pago digitales en el sobreendeudamiento de los hogares.
Los números detrás del reclamo
El diagnóstico de la Iglesia coincide con el deterioro acelerado que muestran los datos oficiales y privados sobre la capacidad de pago de las familias argentinas:
La mora bancaria familiar llegó al 12,8% en junio de 2026, según un informe del CEPA elaborado con datos del Banco Central y la Central de Deudores (CENDEU).
En billeteras virtuales, el atraso trepó al 30,1%, superando incluso el pico registrado durante la pandemia (27,1% en mayo de 2020).
Del universo de 20,96 millones de deudores, unas 5,91 millones de personas están en situación irregular.
Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraron el 73% del saldo irregular acumulado por las familias durante mayo.
Según otros relevamientos privados, más de 3,5 millones de personas están en la categoría de mayor riesgo crediticio, calificada como «irrecuperable».
La postura del Gobierno
Frente a este panorama, el Gobierno nacional mantiene una posición de no intervención. El propio presidente Javier Milei calificó públicamente la cuestión como «un problema entre privados», una definición que la Iglesia —y buena parte de la oposición— cuestiona abiertamente.