El Gobierno nacional incluyó la derogación de artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad dentro del proyecto presupuestario. Se busca eliminar el piso mínimo arancelario, lo que desregula las coberturas, precariza a los prestadores y traslada costos millonarios a las familias. Alertan por recortes drásticos en programas nacionales como Incluir Salud, demoras de más de cinco meses en pagos y falta de entrega de insumos básicos.
Representantes del sector de la discapacidad encendieron las alarmas tras confirmar que el Ejecutivo nacional busca dejar sin efecto los puntos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad a través de la ley de Presupuesto.
Durante su presentación en la Cámara de Diputados de la Nación, Tatiana Antúnez —referente del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones e integrante del Consejo Federal de Discapacidad— advirtió en Radio News que la eliminación del Nomenclador Único y la desregulación de las coberturas «mercantilizará la salud» y forzará a miles de familias a abandonar tratamientos esenciales o afrontar costos de su propio bolsillo.
La controversia estalló esta semana durante el debate en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, adonde acudieron representantes de diversas provincias invitados por los legisladores nacionales por Misiones, Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruiz. El objetivo inicial de la reunión era exigir la prorrogación y la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, norma que ya había sido judicializada y respaldada por fallos judiciales que obligan al Estado nacional a cumplirla.
Sin embargo, al inicio del encuentro, las entidades se anoticiaron de una nueva maniobra parlamentaria: la inclusión explícita de la derogación de esos artículos protegidos dentro del articulado del presupuesto nacional.
«Nos despierta mucha preocupación e incertidumbre. Nos volvemos a encontrar con que el Gobierno nacional, por medio del Presupuesto, busca quitar los mismos puntos que intentó dar de baja desde el primer día. Es un nuevo avasallamiento contra los derechos de las personas con discapacidad», declaró Tatiana Antúnez, representante del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones.
Fin del Nomenclador Único y mercantilización de las prestaciones
Entre las modificaciones más gravosas impulsadas por el Ejecutivo figura la eliminación del Nomenclador Único de Prestaciones Básicas, la herramienta legal que unifica el valor de las prácticas y garantiza que las obras sociales y prepagas otorguen coberturas de calidad equitativa a lo largo de todo el país.
Al quitar este piso regulatorio, la cobertura queda librada a la negociación individual entre prestadoras de salud y profesionales, obligando en la práctica a que los afiliados paguen diferencias o co-pagos desmedidos.
«Esto pasa a mercantilizar la salud totalmente», graficó Antúnez. Y enfatizó la gravedad de la medida: «El sistema de discapacidad, todo como lo conocemos hoy, va a dejar de existir».
La funcionaria sostuvo que hoy en día cualquier tratamiento multidisciplinario para un niño con autismo o trastornos del lenguaje —que requiere sesiones semanales con psicopedagogos, fonoaudiólogos y educadores especiales— implica un costo mensual que oscila entre los $200.000, $300.000 y hasta $600.000. «Son cifras que superan el salario promedio de una familia. Si la obra social no lo cubre totalmente, se vuelve impagable».
Incompatibilidad de pensiones y moras administrativas
El paquete de reformas enviado al Congreso también busca restituir criterios de incompatibilidad entre ingresos familiares y el cobro de la Pensión No Contributiva por Discapacidad, desarmando los avances contemplados en la ley de emergencia.
Esta situación se suma a un panorama previo caracterizado por graves atrasos en la liquidación de fondos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según los testimonios vertidos en la comisión, existen moras de más de cinco meses en los pagos a prestadores, falta de entrega de medicamentos de alta complejidad y pacientes de PAMI que llevan hasta dos años esperando la entrega de una silla de ruedas o equipamiento técnico.
A su vez, Antúnez denunció la subejecución de los programas del Fondo Nacional de Discapacidad (FONDIS, financiado por la Ley de Cheques): «Son fondos específicos asignados por ley que no pueden ser desviados. Se aprobaron en junio, debían lanzarse en agosto y hasta ahora no hay novedades sobre su destino».
El impacto fiscal en las provincias: el caso Misiones
Ante la retracción de la cobertura nacional, son las administraciones provinciales las que deben absorber las partidas presupuestarias para evitar la interrupción de servicios vitales.
A modo de ejemplo, Antúnez detalló el ahogamiento financiero que atraviesa el programa Incluir Salud en la provincia de Misiones: «Nación envía mensualmente un presupuesto de 50 millones de pesos para diálisis, cuando el costo real mensual asciende a 200 millones de pesos. Esto significa que la provincia debe aportar 150 millones de pesos de recursos propios cada mes para sostener únicamente los tratamientos de diálisis, además de medicamentos y atenciones básicas que Nación dejó de cubrir».
Finalmente, las organizaciones nucleadas en el Consejo Federal de Discapacidad anticiparon que emitirán un pronunciamiento conjunto exigiendo la convocatoria urgente a asambleas federales y la restitución plena de las normativas vigentes. «Pese a este escenario, vimos que hay una gran cantidad de legisladores que no están dispuestos a votar este retroceso, lo que nos da una señal de esperanza para defender nuestros derechos», concluyó Antúnez.