José Díaz, deudor hipotecario y abogado, relata el drama de miles de familias atrapadas por el sistema de indexación. Advierte que los nuevos créditos son un «engaño» con requisitos inaccesibles de ingresos y alerta sobre la disparidad de fallos en la Justicia.
El calvario de los deudores hipotecarios UVA sigue sumando capítulos dramáticos en la Argentina. En medio de la difusión de nuevas líneas de créditos que prometen facilitar el acceso a la vivienda, los damnificados de la primera ola alzan la voz. El abogado José Díaz, uno de los referentes de los deudores en la provincia de Misiones, expuso con números implacables cómo el sistema financiero transformó el sueño del techo propio en una pesadilla de deudas astronómicas y batallas judiciales que amenazan con desencadenar ejecuciones hipotecarias en todo el país.
La explosión de la deuda: un caso testigo en primera persona
Para comprender la magnitud de la crisis, basta con analizar la evolución patrimonial de los damnificados. En 2019, sobre el final de la gestión de Mauricio Macri, José Díaz accedió a un crédito hipotecario UVA de 3 millones de pesos para construir su vivienda en un terreno propio. Siete años después, la realidad es devastadora: su deuda registrada en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) asciende a 180 millones de pesos.
«¿En qué país normal vos vas pagando la deuda y tu deuda sube?», se pregunta Díaz ante la paradoja de un sistema que licúa el esfuerzo de los aportantes. Actualmente, el profesional se encuentra litigando en la Justicia. De no ser por la medida cautelar que frena el cobro pleno, su cuota mensual ascendería a 1,6 millones de pesos. «Con mi recibo de sueldo de la relación de dependencia apenas pago la cuota completa. Si no tuviese mi actividad privada como abogado, no podría sobrevivir», confesó, evidenciando que incluso los sectores de clase media profesional y con pluriempleo se encuentran al límite de la asfixia económica.
El origen de esta bola de nieve se encuentra en las condiciones estructurales del sistema. Los créditos UVA se actualizan de forma acumulativa según el coeficiente de inflación (CER) y el índice del costo de la construcción. A esto se le suma una tasa de interés adicional que ronda el 7,5% anual, también tasada en UVA. Además, al regirse bajo el sistema de amortización francés, durante los primeros diez años de un crédito a dos décadas, el 90% de lo que se abona corresponde únicamente a intereses, impidiendo que el capital adeudado disminuya.
Los nuevos créditos bajo la lupa: «Es un engañapichanga»
Frente a las recientes campañas publicitarias que promocionan el regreso de los créditos hipotecarios como una solución al déficit habitacional, Díaz es categórico: «Es un engañapichanga. Es más de lo mismo y se va a reeditar la misma situación que se dio cuando los otorgó el gobierno de Macri».
Según el abogado, las publicidades que prometen cuotas iniciales de 865.000 pesos omiten la dinámica de indexación mensual. «A la gente le dicen que puede resistir la cuota porque su salario aumenta, con suerte, un 1% mensual. Pero esa cuota, a ojo de buen cubero, va a aumentar todos los meses entre un 3% y un 4% acumulativo por el UVA». En solo un año, esa cuota inicial superará ampliamente el millón de pesos, mientras los salarios aumentan «tres o cuatro veces menos».
A esta trampa financiera se suman barreras de acceso prácticamente imposibles de sortear para el común de los argentinos. Los bancos nacionales exigen hoy un piso de ingresos demostrables de 4 millones de pesos. «El universo al que está apuntado no es muy amplio; hay que ganar eso hoy en la Argentina», analizó Díaz, quien puntualizó que en Misiones los índices salariales se encuentran entre los peores del país. Además, las entidades financieras solo cubren hasta el 75% del valor de la propiedad, lo que obliga a las familias a contar con un ahorro previo en dólares del 25% restante. «Dentro de unos meses van a ver que el porcentaje de gente que tomó estos créditos va a ser ínfimo», pronosticó.
La grieta judicial y el fantasma de los desalojos
En la provincia de Misiones se estima que existen entre 700 y 800 familias damnificadas por los créditos UVA otorgados a partir de la primera tanda. Para evitar caer en la morosidad, los afectados recurren a la reducción drástica de consumos básicos, la búsqueda de trabajos informales o la ayuda de familiares. Sin embargo, la soga se sigue tensando: «El índice de morosidad a nivel nacional está saltando y ya empiezan a verse ejecuciones hipotecarias en todo el país».
El panorama se complejiza aún más debido a la disparidad de criterios en la Justicia. «El derecho no es lo que figura en los códigos; es lo que los jueces dicen que es», cuestionó Díaz. Mientras que la justicia federal falló a favor de los deudores en demandas contra el Banco Nación (actualmente en instancia de recurso de queja por parte de la entidad), la justicia provincial de Misiones ha rechazado sistemáticamente las demandas, fallando en favor de las entidades bancarias. «Tenemos jueces en la justicia federal que están del lado de los consumidores y jueces en la justicia provincial que están del lado de los bancos», lamentó.
Para Díaz, la única salida viable para resolver el déficit habitacional sin condenar a las familias a la quiebra es una intervención estatal que reformule el sistema: «La única manera de que esto funcione es que el Gobierno establezca una tasa fija para los créditos y que absorba las diferencias ante eventuales disparos inflacionarios a través de un fondo de sustentabilidad. Si no se hace eso, no hay manera de que las familias puedan resistir».