La provincia abandona el antiguo sistema para pasar al modelo acusatorio adversarial. El Dr. Antonio López Forastier analiza el impacto de la reforma, el rol clave de la oralidad y la crítica situación estructural de un Poder Judicial con exceso de empleados pero déficit de magistrados.
Misiones se encamina a una transformación histórica en su sistema judicial con la reforma del Código Procesal Penal. El Dr. Antonio López Forastier, referente del Colegio de Abogados de la provincia, explicó en diálogo con Radio News los alcances de este nuevo sistema acusatorio adversarial, un modelo que busca adecuar los procedimientos locales a los estándares de la Constitución Nacional. Según el especialista, este cambio implica dejar atrás el origen «español inquisitivo» para adoptar un esquema donde el juez es un tercero imparcial y no el encargado de la investigación.
Un cambio de paradigma: «Igualdad de armas»
El núcleo de la reforma radica en la separación de funciones. En el sistema actual, el mismo juez que investiga es quien debe garantizar los derechos del imputado, lo que genera un «conflicto de interés». Con el nuevo código, la carga de la investigación recaerá exclusivamente en el fiscal.
«El sistema se llama acusatorio adversarial porque presupone que hay dos partes en igualdad de armas: un fiscal que investiga, una defensa que defiende y un juez ajeno a la investigación que se llama juez de garantías», detalló López Forastier. Al respecto, subrayó que «Misiones pasaría a dejar de ser una de las cuatro últimas provincias en modificar sus códigos», sumándose a la tendencia federal y de provincias vecinas como Chaco y Corrientes.
El «cuello de botella» estructural
A pesar del optimismo por el avance legislativo, el abogado advirtió sobre las serias falencias operativas que enfrenta la provincia. López Forastier destacó que este sistema requiere de muchos fiscales y jueces, pero menos estructura administrativa, una relación que hoy en Misiones está invertida.
«El Poder Judicial de Misiones tiene pocos jueces, pocos fiscales y muchos empleados», sentenció el entrevistado. Según las cifras aportadas, en los últimos 12 años la base de personal se duplicó (pasando de 2.000 a 4.700 empleados), mientras que la incorporación de magistrados y fiscales apenas creció un 15%. «Chaco nos triplica en cantidad de juzgados y Corrientes nos duplica con la misma cantidad de habitantes», comparó para graficar el atraso regional.
Oralidad y soluciones alternativas
Uno de los mayores beneficios para el ciudadano será la oralidad de los procesos, lo que dotará de mayor dinámica a la resolución de causas. Además, el nuevo código permitirá que la cárcel no sea la única respuesta ante delitos menores.
López Forastier explicó que se le otorgan «amplias atribuciones al fiscal para acordar soluciones con las partes» a través de lo que se denomina disponibilidad de la acción. Esto permite buscar salidas alternativas siempre que haya consenso y el juez de garantías lo apruebe, evitando que el sistema penal se sature con conflictos que pueden resolverse sin una pena privativa de la libertad.
Implementación gradual
El proceso no será inmediato. Se prevé que la aplicación comience de modo piloto en las circunscripciones judiciales más pequeñas, como San Pedro o San Vicente, debido al alto volumen de casos en Posadas, donde se tramitan cerca de 45.000 procesos anuales.
Finalmente, López Forastier reconoció la labor del Procurador General, el Dr. Jiménez, como el principal impulsor de esta transformación, marcando una diferencia con la «falta de reacción» que atribuye al Superior Tribunal de Justicia. «El desafío no es poco, pero por supuesto que es el camino correcto», concluyó.