Una iniciativa ciudadana busca que los consumidores conozcan, mediante un código QR, qué porcentaje del precio final en góndola llega realmente al productor primario. El objetivo es empoderar al ciudadano y generar políticas públicas basadas en datos reales.
En medio de la constante tensión por el aumento de precios en los supermercados, surge una propuesta que busca arrojar luz sobre el eslabón más invisibilizado de la cadena: el productor primario. Se trata del proyecto de Ley Nacional de Transparencia Productiva, una iniciativa que no busca regular precios, sino garantizar el acceso a la información fidedigna para romper con la histórica dicotomía que enfrenta a quienes producen con quienes consumen.
Héctor Julio Franco, impulsor de la medida y quien actualmente se desempeña desde la participación ciudadana «en el llano», dialogó sobre los alcances de esta propuesta que se inspira en el reciente régimen de transparencia fiscal. «Así como la ley de transparencia fiscal permite visibilizar cuánto aportamos al Estado en impuestos, este proyecto pretende generar una transparencia productiva: saber cuántos pesitos de cada 100 van realmente al productor», explicó Franco.
El fin de una «falsa rivalidad»
Uno de los puntos centrales del proyecto es terminar con la idea de que el productor es el responsable de los aumentos que el ciudadano ve en la góndola. Según Franco, la falta de datos claros genera una percepción errónea en el consumidor. «Generalmente, cuando al consumidor le aumenta el precio, concluye que el productor está recibiendo más dinero, y no necesariamente es así», señaló el entrevistado, aclarando que, con un índice claro, se podría advertir si la participación del productor disminuye a pesar de que el precio final suba.
Esta información no solo serviría al consumidor, sino que funcionaría como una «alerta» para el Estado. Franco sostiene que los datos permitirían identificar en qué segmento de la cadena se producen incrementos injustificados y actuar en consecuencia, basándose en estadísticas y no en meras percepciones.
Datos existentes, sin nueva burocracia
Ante el debate actual sobre el rol del Estado, el proyecto hace hincapié en que no se requiere crear nuevas estructuras burocráticas. La propuesta consiste en que el INDEC unifique la información que ya procesa, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios Básicos al Productor (IPP), enriqueciéndola con aportes de la Secretaría de Agricultura, el INTA y el SENASA.
El mecanismo de consulta para el ciudadano sería directo y tecnológico:
- Índice Trimestral: Para monitorear la evolución de las cadenas productivas.
- Acceso por QR: Cualquier consumidor podrá escanear un código en el punto de venta para conocer la incidencia histórica del precio y cuánto percibe el productor al momento de la compra.
Un alcance nacional desde las economías regionales
Aunque la idea resuena con fuerza en provincias como Misiones —donde el sector yerbatero atraviesa un proceso de desregulación—, Franco enfatiza que la ley debe ser nacional. «Un consumidor de la Patagonia no siempre tiene conciencia de la situación de un productor de yerba en Misiones o de harina en la Pampa», afirmó, destacando que la visibilización busca despertar un «sentido de solidaridad» entre los ciudadanos de todo el país.
Finalmente, Franco aclaró que su propuesta es un aporte estrictamente ciudadano y que espera que legisladores de cualquier arco político tomen la inquietud para transformarla en ley. «La información da poder; permite tomar mejores decisiones de consumo y, eventualmente, incidir mediante el voto en las políticas de Estado», concluyó.